Este jueves inicia el Mundial 2026 y México espera recibir a miles de visitantes. Más allá del futbol, una parte importante de la experiencia que el país ofrecerá al mundo se sostiene en su riqueza cultural: desde museos y zonas arqueológicas hasta tradiciones y expresiones artísticas. México cuenta con 36 sitios naturales y culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, más que cualquier otro país de América y séptimo en el mundo; figura entre las ciudades con más museos del mundo, y sus zonas arqueológicas recibieron más de 7.6 millones de visitantes solo en el último año. El turismo se perfila como el gran escaparate de esa riqueza, y el Gobierno federal apunta a que México sea el quinto destino más visitado del mundo en 2030. Pero ¿el dinero público destinado a conservar ese patrimonio está a la altura de la ambición con la que lo exhibimos?
La inversión emergente no sustituye al presupuesto
Con miras al Mundial 2026, la Secretaría de Cultura, a través del programa Mundial Social, anunció una inversión de cerca de 400 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 46 zonas arqueológicas, 15 museos e intervenir 12 juegos de pelota. El Gobierno la describió como una inversión “histórica” que “perdurará para las y los mexicanos”, pero conviene ponerla en perspectiva.
El presupuesto de la Secretaría de Cultura ha seguido una trayectoria distinta a ese entusiasmo. Desde su creación en 2015, sus recursos han disminuido de forma sostenida. En 2017, su primer año con presupuesto propio, recibió 19 mil 247 millones de pesos. Para 2026 esa cifra bajó a 15 mil 082 millones, una reducción de 21.6 por ciento en términos reales. En ese contexto, los 400 millones anunciados para el Mundial representan poco más que un ajuste puntual sobre una tendencia de largo plazo que va en sentido contrario. Esa misma lógica se reproduce en los institutos que operan bajo su coordinación.
Tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), tienen la obligación de proteger y conservar el patrimonio nacional. En términos reales, el INAH pasó de cinco mil 052 millones en 2017 a cinco mil 551 millones en 2026, un incremento de apenas 9.88 por ciento en casi una década. En 2024 recibió un aumento del 61.05 por ciento respecto al año anterior; sin embargo, ese presupuesto adicional fue una asignación directa para fortalecer el proyecto del Tren Maya.
La situación del INBAL es similar. Su presupuesto pasó de cuatro mil 819 millones en 2017 a cuatro mil 928 millones en 2026, que representa un incremento real de apenas 2.27 por ciento. Además, entre 2023 y 2024 su asignación prácticamente no se movió, rondando un presupuesto aprobado de poco más de cuatro mil millones de pesos.
Por lo anterior, si la apuesta del país es posicionarse entre los cinco destinos más visitados del mundo en 2030 con base en su riqueza cultural, natural y patrimonial, tal vez habría que voltear a ver si ese compromiso se refleja o reflejará en el ejercicio de los recursos públicos, o sólo en los discursos de inauguración.
El patrimonio que atrae visitas, pero no recursos
El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, aunque su desempeño no es uniforme ni llega de la misma manera a todos los territorios y sectores. En 2024 representó el 8.7 por ciento del PIB nacional, y sólo en el primer trimestre de 2026 México recibió más de 26 millones de visitantes internacionales, 10.2 por ciento más que un año antes, según la Secretaría de Turismo. Estas cifras ayudan a dimensionar la oportunidad que representa el Mundial, y también obligan a revisar qué tan sólida es la base cultural que sostiene esa atracción.
Buena parte de quienes llegan al país no vienen únicamente por sus playas o su gastronomía. También buscan conocer su historia, su patrimonio cultural material e inmaterial, y la diversidad de sus pueblos y expresiones culturales. La propia Secretaría de Cultura reconoce que esa red patrimonial genera estancias más prolongadas y mayor derrama económica. No obstante, aunque se reconoce que genera una derrama, todavía existen limitaciones para cuantificar de manera precisa su contribución.
De acuerdo con el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Cultura 2024-2025, el Museo Nacional de Antropología recibió más de tres millones de visitantes; Teotihuacán, 698 mil; Chichén Itzá, 428 mil; y Tulum, 369 mil. En total, 13.4 millones de personas recorrieron los 185 museos del país y otros 7.6 millones visitaron sus 195 zonas arqueológicas. Son cifras que hablan de una demanda real y sostenida, no de un patrimonio que se visita de paso.
A pesar de su relevancia, el patrimonio cultural no tiene un lugar claro en las herramientas con las que el país mide su economía. Lo que generan los museos y zonas arqueológicas no se registra de forma completa e integral en los sistemas de información, ni en las cuentas del turismo ni en las de cultura. Una visita a Teotihuacán o al Museo Nacional de Antropología genera ingresos, empleo y cohesión territorial, pero ese impacto no termina de aparecer en las cifras oficiales.
Según la Cuenta Satélite de Turismo de México, los servicios culturales, categoría en la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agrupa museos, zonas arqueológicas y sitios históricos sin desagregarlos, apenas alcanzan el 0.2 por ciento del PIB turístico. Ese dato dice más sobre los límites de cómo medimos que sobre lo que el patrimonio realmente aporta. Y cuando no hay una cifra clara que refleje ese peso, es más difícil defenderlo a la hora de distribuir el presupuesto.
La invisibilidad de mediciones y números no es un problema meramente técnico. También tiene efectos sobre las instituciones y personas encargadas de conservar el patrimonio. Un presupuesto que se reduce durante una década se traduce en instituciones con menos capacidad operativa y en personas que investigan, restauran y conservan el patrimonio bajo contratos eventuales, atendiendo una demanda que no está a la par de sus condiciones laborales. Ese tema merece su propio análisis, porque el patrimonio cultural también son las personas que lo sostienen.
El Mundial 2026 podría ser una oportunidad, pero también una prueba. El asunto real es si el país está dispuesto a tratar su riqueza cultural con los recursos, la información y el reconocimiento que lleva décadas reclamando. La cancha más grande de México no está en ninguno de los tres estadios sede. Está en la capacidad del Estado de conservar la cultura y el patrimonio cuando las cámaras y los visitantes ya no están.