El pasado miércoles 2 de marzo, la CIDH publicó su informe final sobre la“Situación de derechos humanos en México”. Este informe es producto de su visita oficial a nuestro país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.
Tras su estadía en México y previa documentación de la situación, a través de fuentes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos internacionales, la CIDH reiteró que nuestro país vive una grave crisis de derechos humanos que “se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza y/o en zonas marginadas, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas, entre otros”.
La CIDH reconoce que las autoridades estatales son fuente de esta violencia, entre las que destacan la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM, y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.
En su análisis de contexto, la CIDH destaca que si bien la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad no es nueva, “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”. En ese sentido, la CIDH hizo un llamado a asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.
El diagnóstico de la situación era esperado. En su informe preliminar al término de la visita en 2015, la CIDH adelantaba su gran preocupación por la situación crítica vivida en el país. La respuesta del gobierno también era la esperada, aunque no por ello debe dejar de indignarnos: una vez más la negación y la descalificación de quien emite la crítica. En una postura totalmente refractaria, el gobierno, a través de SEGOB, PGR y SRE ha salido a denostar a la CIDH y su metodología de trabajo.
La CIDH y su informe no requieren que terceros salgan en su defensa, la fuerza de la razón y los argumentos sostienen su informe. Empero, lo que sí se requiere es que su perspectiva se difunda ampliamente y sin distorsiones, y tal parece que el gobierno se ha encargado de atajar dicha posibilidad. Lamentablemente, los medios “convencionales” han hecho más eco a la respuesta del gobierno en un primer momento, que al informe mismo y llama la atención el hecho de que no se hiciera una presentación del documento directamente en nuestro país, limitando aún más el impacto mediático del mismo.
En este contexto (me disculpo por el lugar común) no queda más que resistir y persistir. No se trata de ingenuidad y de creer que las cúpulas que dirigen este país cambiarán espontáneamente de opinión por la fuerza de la razón, sino de asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde de no cruzarnos de brazos ante la injusticia.
