La transición energética no es solo un cambio tecnológico en la generación de energía; es también una reconfiguración masiva de capital privado. En un contexto de crisis del multilateralismo y de tensiones crecientes, se abre la puerta para cuestionar un elemento central del modelo globalizador: los acuerdos comerciales sin una visión integral de la justicia climática y ambiental, los cuales mantienen a los países del Sur Global sometidos a contratos de inversión —en su mayoría asimétricos— donde el interés privado prepondera incluso sobre los derechos humanos y colectivos.
Estos contratos suelen contener cláusulas con mecanismos de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS), que remiten a tribunales de arbitraje internacional de inversiones. Sus fallos han favorecido históricamente a los actores privados, representando altos costos para los Estados, que deben pagar fuertes indemnizaciones incluso cuando las causales de incumplimiento hayan sido para salvaguardar derechos humanos en los territorios.
Es decir, si un Estado actualiza su marco jurídico y sus políticas públicas para garantizar mayor protección de derechos humanos, justicia climática y preservación del territorio, estas modificaciones pueden generar controversias con inversiones privadas. Cuando un proyecto incumple nuevas normas, puede derivar en la cancelación de concesiones o permisos de explotación.
El riesgo radica en que, al revertirse proyectos de industrias extractivas, si el contrato incluye cláusulas de arbitraje internacional, el Estado no solo puede pagar la inversión realizada, sino también la ganancia potencial esperada, lo que puede representar cientos de millones de dólares.
El T-MEC y el riesgo para la transición energética justa
En días recientes, desde Washington se han lanzado acusaciones al gobierno mexicano sobre una presunta obstaculización a las inversiones. Según el Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior (NTE), elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, las empresas privadas enfrentan retrasos, rechazos injustificados e inacción en permisos dentro del sector energético mexicano.
Estas afirmaciones forman parte del contexto de la renegociación del T-MEC, en el que se busca ampliar el margen de operación de empresas estadounidenses. Un elemento relevante es que estas inversiones cuentan con acceso —aunque restringido— al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde México se ubica entre los países más demandados.
El caso más reciente, Odyssey Marine Exploration vs. Estado mexicano, surgió por la negativa de Semarnat de otorgar permisos para minería submarina en Baja California Sur. Un tribunal del CIADI condenó a México a pagar 37.1 millones de dólares.
El riesgo es que, bajo presión en la renegociación del T-MEC, se retorne a esquemas asimétricos que posterguen una transición energética justa para las personas y los territorios.
El punto de fricción
Mientras los Estados legislan para cumplir metas de descarbonización, los inversionistas buscan proteger su rentabilidad mediante mecanismos de resolución de disputas. El lobby para evitar regulaciones más estrictas no es menor.
Una transición energética justa implica cambiar reglas: subsidios, impuestos al carbono, cierre de proyectos, protección laboral y restauración ambiental. Sin embargo, bajo cláusulas de arbitraje de inversión, estos cambios pueden considerarse “agresivos”, abriendo la puerta a demandas por expropiación indirecta o violación al trato justo.
Si el Estado mexicano no considera las asimetrías de estos contratos en la renegociación del T-MEC, existe el riesgo de lo que se ha denominado “zombificación” de energías fósiles: proyectos que continúan operando aun cuando ya no son viables económicamente.
Esto hace central evitar que, en negociaciones del sector energético —especialmente en gas y petróleo— se mantengan cláusulas de arbitraje que, por su costo y riesgo, posterguen la salida de proyectos fósiles.
También es necesario revertir la opacidad generada tras la desaparición de Pemex Exploración y Producción, lo que ha limitado la trazabilidad de contratos en el sector hidrocarburos. Esto es clave para construir una matriz de riesgos en inversiones energéticas.
El lugar de México tras la decisión de Colombia
A finales de marzo, más de 200 especialistas de 24 países solicitaron la salida de Colombia del sistema ISDS, al considerarlo un obstáculo para la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro anunció dicha salida, marcando un precedente regional.
En este contexto, México enfrenta una responsabilidad estratégica: sostener una posición consistente entre discurso y acción en la transición energética, en un escenario global marcado por tensiones políticas y retrocesos ambientales.
