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La corrupción extorsiva no sale en la foto

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene un enfoque meramente administrativo relacionado con el manejo del gasto y las responsabilidades administrativas de los burócratas, y aunque deja la puerta abierta para investigar y sancionar a particulares en su relación con la gestión pública, no se trata de una reforma que prometa acabar con la corrupción desde todos los ámbitos en que ésta se presenta, mucho menos cuando el burócrata lejos de desviar recursos extorsiona a la población enriqueciéndose con recursos privados.

En efecto el SNA prevé la coordinación de acciones entre instancias de control y auditoria sobre dependencias o entidades que ejecutan presupuesto y políticas públicas. De dicha enmienda a la carta magna se crearán y fortalecerán instancias de investigación y sanción derivadas de irregularidades administrativas que también pudieran ser constitutivas de delitos.

Es correcto que la Constitución y las leyes secundarias se hayan centrado en los desvíos y malos manejos del gasto, así como en las responsabilidades administrativas, de esta forma se busca atenuar la corrupción en una primera instancia pues nuestros sistemas de control, fiscalización, coordinación, investigación y sanción son sumamente limitados y deficientes. No obstante, queda pendiente combatir la corrupción mediante una agenda más amplia relacionada con el abuso sistematizado del poder delegado a funcionarios de ventanilla, policías, autoridades escolares y demás burócratas de mandos menores que tienen relación directa con la ciudadanía y que deciden usar su espacio de autoridad para extorsionar a la población.

Así pues, el SNA promete cierta eficiencia en el combate a irregularidades sistemáticas y estructurales en el manejo de recursos, con el enfoque de evitar desvíos y malos manejos en beneficio de burócratas y particulares. Esto sucede en instancias decisorias de nivel medio o superior, donde se abusa de la discrecionalidad, la interpretación de la norma y las relaciones de poder que permiten que el erario público genere fortunas personales, como sucede en los procesos de adquisición o contratación directa, en obras de infraestructura, en la operación de programas mal diseñados o en asociaciones público privadas. Queda pendiente la corrupción en la que el servidor público no desvía ni hace mal uso del presupuesto, sino que extorsiona al ciudadano al no hacer su función, hacerla condicionadamente u omitir su labor cotidiana a cambio de dádivas o dinero que pide al ciudadano u obliga a ofrecerlo; así la persona de a pie termina siendo corruptor o víctima, muchas veces no por la intención de desviar la aplicación de la norma sino por una imposición derivada del pequeño espectro de poder que recae en un servidor público.

Ese tipo de corrupción no es fácil de fiscalizar ni de detectar mediante el control interno, ni de sancionar pues simplemente no se denuncia ya que el ciudadano termina siendo cómplice. En los ejercicios de control interno tampoco se puede poner en evidencia pues por lo regular los trámites y procesos cumplen con los requisitos de legalidad del acto administrativo, lo que elimina cualquier incentivo de detectarla y por ende de perseguirla.

La corrupción extorsiva se puede presentar en muchos ámbitos y ejemplos hay en todas partes: el policía que abusa del descuido de un ciudadano, para negociar discrecionalmente de la aplicación de multas desproporcionadas con la falta y la capacidad adquisitiva del común de la sociedad; el que otorga permisos de conducir o de construcción de forma discrecional; el que condiciona el permiso para operar un negocio o comercio acelerando o eliminando trámites; el ministerio público que tiene en sus manos determinar o no la existencia de un delito; los maestros y directores de escuelas públicas que exigen cuotas a los alumnos para ingresar o para tener ciertas prerrogativas; los que inspeccionan o revisan el transporte público que permiten vehículos piratas o taxímetros modificados. Esta pequeña corrupción que operan burócratas en ventanilla o en banquetas puede ser la que más alto costo le genera a la sociedad pues se convierte en norma tácita, se arraiga en el inconsciente colectivo como normal y generaliza la creencia de que los cargos públicos, por limitados que sean, son premios para beneficiarse personalmente, para favorecer amigos o familiares mediante la extorsión al ciudadano promedio.

Así pues, es de celebrarse que el SNA se enfoque en esa gran corrupción de la que es proclive el funcionario de alto nivel que ejecuta recursos públicos; sin embargo la corrupción extorsiva no sale en la foto. Es necesario que las leyes secundarias que se vayan a crear para implementar el sistema atiendan con firmeza esa corrupción que nos hace víctimas del burócrata con el que interactuamos diariamente. Víctimas por un lado y corruptores por otro.

Oscar Arredondo
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/10/07/la-corrupcion-extorsiva-no-sale-en-la-foto/