En la última década, México ha emprendido una profunda reforma en materia de transparencia y acceso a la información a la par de una reforma administrativa. El Congreso no ha permanecido ajeno a esta reforma, ha tenido una serie de cambios institucionales que lo han fortalecido en lo operativo, pero que no han logrado concretar la transformación del proceso legislativo para hacerlo transparente, eficaz y participativo.
El poder Legislativo es un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia pero al igual que otros órganos y poderes, su órgano garante no es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Sin embargo, tiene la obligación de establecer mediante reglamentos o acuerdos, los órganos, criterios y procedimientos para proporcionar a los particulares el acceso a la información de conformidad con los principios y plazos establecidos en la Ley.
A pesar de esta obligación, actualmente es imposible conocer información sustantiva de la Cámara de Diputados, tanto del presupuesto que ejerce, pero sobre todo del presupuesto que reciben las fracciones parlamentarias y del trabajo legislativo; especialmente información relativa al proceso deliberativo y la toma de decisiones. Las explicaciones de esta opacidad y falta de rendición de cuentas de la Cámara de Diputados son múltiples, pero hay dos problemas principales: el mal diseño institucional en la materia y el incumplimiento del Reglamento de Transparencia.
El Órgano Rector es la instancia que funge como órgano garante, es el encargado de establecer las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Sin embargo, desde su diseño no cumple con los requisitos mínimos de autonomía, independencia e imparcialidad puesto que está conformado por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y personal administrativo de la Cámara. Pero además, el Órgano Rector sólo existe en el papel. Han pasado más de dos años de la entrada en vigor del Reglamento y el Órgano no se ha constituido.
Es indispensable hacer un nuevo diseño para crear un Órgano Garante o Rector con autonomía, independencia e imparcialidad porque actualmente los diputados son juez y parte. Podría seguirse el diseño institucional del IFAI o de algunos otros órganos garantes. Es decir, que se conforme por cinco comisionados que no sean ni diputados ni personal administrativo o de algún órgano de gobierno de la Cámara, sino que sean especialistas con experiencia comprobable en la materia y que duren en su encargo 5 ó 6 años por lo menos.
Por otro lado, está El Consejo que es el órgano especializado e imparcial de la Cámara con autonomía operativa de gestión y de decisión. Entre otras funciones, este órgano debería participar en el diseño de la política institucional en la materia mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones; así como aplicar las medidas correctivas y/o de apremio conducentes, e interpretar el reglamento para su exacta observancia. Desafortunadamente, este Consejo tampoco existe. La JUCOPO debió haber propuesto una terna para la elección de los Consejeros Fundadores desde hace más de dos años y simplemente no lo ha hecho.
Por último, está la Unidad de Enlace. Este órgano operativo de la Cámara se encarga de recibir y dar curso a las solicitudes; es el vínculo con los órganos obligados de la Cámara y mantiene actualizada la información pública de oficio. El problema de la Unidad de Enlace radica en que su titular es designado por el Presidente de la Mesa Directiva y dura en su cargo el mismo periodo que dure el presidente que lo haya nombrado. Los presidentes generalmente duran un año, aunque este último año de la Legislatura conforme a un acuerdo firmado el 1 de septiembre, habrá tres presidentes que durarán cuatro meses cada uno. En otras palabras: más tiempo habrán tardado en nombrar al titular y que éste nombre a su equipo, que en lo que llegará el próximo.
Es urgente que se reforme el Reglamento de Transparencia de la Cámara de Diputados para establecer la obligación de crear instituciones independientes y autónomas que velen por la transparencia y acceso a la información, pero más importante aún es vigilar que efectivamente se constituyan y empiecen a trabajar. Es inadmisible que los diputados no cumplan con sus propias leyes y reglamentos.
En el discurso, los partidos políticos y los legisladores se muestran comprometidos con la transparencia y el acceso a la información; sin embargo, a la hora de hacer valer sus palabras no observamos el mismo compromiso. Si de verdad están convencidos, es momento de que empiecen a transparentarse a sí mismos, de abrir espacios de participación ciudadana y de rendir cuentas. Es momento de que el Congreso salde su deuda con la ciudadanía.
*Haydeé Pérez
