Por: Aroa de la Fuente
Como muchos de ustedes sabrán, esta semana ha dado comienzo en el Senado de la República la discusión sobre las leyes secundarias en materia de energía. En este punto, desde Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking nos parece importante señalar algunas de las implicaciones que la legislación presentada por el Ejecutivo en abril tendría para la población, el medio ambiente y el territorio mexicanos. Esto con la finalidad de aportar elementos al debate que tendrá lugar en el Legislativo durante las próximas semanas, para el cual una exigencia básica y previa es que se permita una participación amplia de la sociedad, lo que es especialmente relevante dado que las leyes presentadas van en la dirección de abrir las puertas de par en par a la explotación petrolera por la iniciativa privada, por encima de los derechos humanos de la población y del medio ambiente. Esto es sumamente grave si se tiene en cuenta, además, que el gobierno está impulsando la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la dañina técnica del fracking.
La primera y rotunda señal en este sentido se encuentra en la Ley de Hidrocarburos, que se encuentra en discusión en estos momentos. Esta Ley establece en su artículo 91 que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público. Ello implicará que la explotación del gas y el petróleo siempre tendrá prioridad sobre el uso del territorio. De esta manera, si encuentran la presencia de hidrocarburos en tierras dedicadas a la ganadería, la agricultura o bajo las viviendas de la gente, el Estado tendrá el derecho a declarar la servidumbre legal de estos terrenos –es decir, podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas petroleras–. O, incluso, podrá expropiarles sus propiedades. Esto, además de suponer riesgos para los derechos humanos, pone a la población en desventaja a la hora de negociar un precio razonablemente justo por la renta de sus tierras. Más aún cuando la propia Ley establece que la contraprestación “deberá ser proporcional a las necesidades del Asignatario o Contratista”, dejando en un segundo plano los intereses de las personas que habitan dichos terrenos.
Por otro lado, esta Ley presenta medidas para atender el impacto social de los proyectos que, de quedar como fueron presentadas, podrían convertirse en un ejercicio de simulación. Por un lado, se establece la elaboración de estudios para determinar las afectaciones de los proyectos petroleros a cargo de las Secretarías de Gobernación y Energía. De esta manera, serán las mismas autoridades encargadas de promover la actividad petrolera y gasífera quienes determinen si ésta generará daños a la población, lo que representa un claro conflicto de interés y una falta de autonomía para la toma de decisiones.
Por otro lado, dicha Ley señala la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos petroleros que les afecten, pero no establece el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Es decir, no le da carácter vinculante a las decisiones de los pueblos, por lo que se les podrá continuar imponiendo proyectos que afecten sus tierras, territorios y recursos naturales, como señalan los más altos estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas con los que el Estado mexicano se ha comprometido.
A toda esta situación se suma el debilitamiento de la política ambiental que supondría la aprobación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. La creación de esta Agencia supondría la fragmentación y la reducción de la autonomía de la política ambiental sin atender las deficiencias que la aquejan. Esto, al concentrar en una sola instancia la regulación ambiental y la autorización de los permisos en la materia, y los procesos de investigación, inspección y sanción, lo que pondría en riesgo la objetividad de la Agencia en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente, al ser juez y parte en los diferentes procesos. Esto se daría en un contexto en el que se mantendría un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) débil, que ya presenta serias deficiencias para asegurar la protección del medio ambiente y la población frente a los proyectos de desarrollo, sin que la Ley incluya medidas para su fortalecimiento.
Por todas estas razones, hacemos un llamado a las legisladoras y los legisladores para que sean consecuentes con su papel de representantes y pongan freno a las prácticas que la aprobación de la legislación secundaria institucionalizaría, permitan la participación amplia de la sociedad en la discusión legislativa y prohíban el fracking en México.
Firma esta petición para exigir la prohibición del fracking.
GDF
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