- La iniciativa que presentó Morena sobre fideicomisos incrementa la incertidumbre de las últimas semanas sobre los procesos de extinción de fideicomisos.
- Se debe revisar profundamente las implicaciones que la extinción de los fideicomisos puede generar en la garantía de derechos humanos e implementarse mecanismos para que no se incremente la vulnerabilidad de las y los beneficiarios.
- La extinción de fideicomisos y la disponibilidad de esos recursos deben de seguir procesos de máxima publicidad y rendición de cuentas. Sobre todo, si la finalidad es atender la emergencia por COVID-19.
Por un lado, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que se publicó el pasado 20 de noviembre de 2019, mandata analizar la eficiencia y eficacia de los fideicomisos, a más tardar en agosto de 2020, para que dicho análisis sea tomado en cuenta por el Ejecutivo Federal para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por otro lado, el pasado 2 de abril se publicó un decreto que mandata la extinción de fideicomisos para el 15 de abril, que salvaguarda aquellos fideicomisos constituidos en ley, pero a la fecha se desconoce si ya inició el análisis de los fideicomisos o si se cumplió el decreto. Ahora, con la iniciativa de Morena se señala la extinción de otros fideicomisos a través de procedimientos distintos a los establecidos en la Ley de Austeridad y en el Decreto de extinción. Por lo que no es claro cuáles fidecomisos se van a extinguir y qué procesos van a seguir.
Recordamos que los fideicomisos públicos son instrumentos financieros de utilidad para el cumplimiento de fines públicos, pues permiten destinar recursos y crear reservas para atender fines específicos, como una contingencia ambiental o de salud, sin que estos recursos sean utilizados para otros objetivos. Por eso es importante que se garanticen mecanismos de control para explotar su utilidad y eficiencia.
Por ello, también preocupa que entre los fideicomisos que se pretende extinguir conforme a esta iniciativa, se encuentren fideicomisos que buscan garantizar derechos humanos sin medidas para salvaguardarlos, como el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los fondos para la protección de desastres naturales y los fondos de investigación y desarrollo científico. Las reformas propuestas en la iniciativa pueden incrementar la vulnerabilidad y el riesgo en el que ya se encuentran las personas defensoras y periodistas en México; así como poner en riesgo la capacidad de reacción del Estado cuando se presente algún desastre natural. Las políticas de austeridad y ahorros para asegurar medidas de salud o mitigar el impacto económico, no deben de realizarse en detrimento de la garantía de otros derechos.
Los procesos para la extinción de fideicomisos públicos deben realizarse con absoluta transparencia y máxima publicidad para brindar certeza y garantizar una rendición de cuentas efectiva. La ciudadanía debería contar con respuestas claras, oportunas y accesibles, al menos respecto de las siguientes preguntas: qué fideicomisos se van a extinguir, a partir de cuáles criterios, cómo se utilizaron los recursos mientras estuvieron activos, si cumplieron con los propósitos para las cuales fueron creados, cuáles son los montos disponibles al momento de su extinción, si se encontraron algunas irregularidades y cuáles fueron, qué acciones se tomaron o se tomarán al respecto, entre otros. Así mismo debe de garantizar transparencia sobre el seguimiento y destino del uso de los recursos que se recuperen por la extinción, sobre todo si serán utilizados para hacer frente a la situación de emergencia por la pandemia.
En este contexto, conminamos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública a que transparenten el curso que se siguió o se está siguiendo en cumplimiento a la Ley de Austeridad y el Decreto de extinción de los fideicomisos. Asimismo, hacemos un llamado a las y los legisladores para que revisen profundamente la iniciativa, considerando la utilidad que pueden tener los fideicomisos, las implicaciones en la garantía de derechos humanos y promover un modelo de Parlamento Abierto que realmente sea transparente, con rendición de cuentas y que garantice la participación ciudadana de personas expertas en el tema, de grupos sociales y beneficiarios de los fideicomisos que pueden verse afectados por la inadecuada toma de decisiones.
Contacto:
Mariana Gurrola Y.
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