Bajo un cerco policíaco, a menos de 24 horas de recibir el dictamen del Senado, aprovechando las celebraciones guadalupanas y sin que mediara un debate público con la participación ciudadana o la opinión de expertos (como los foros que se presentaron en los meses previos a la aprobación de la reforma en la misma materia de 2008); se aprobó la primera fase de la reforma energética en la Cámara de Diputados.
Se trata de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo federal en materia de hidrocarburos y generación de energía. Para que las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 queden plasmadas en el texto constitucional hace falta que la mitad de los congresos estatales den su respaldo a esta iniciativa; sin embargo, no se espera oposición alguna.
Existen múltiples razones por las cuales puede afirmarse que, en la aprobación de un nuevo régimen de contratos para la extracción de hidrocarburos, los legisladores han mermado profundamente el patrimonio común de todos y todas las mexicanas en beneficio de unos cuantos particulares. El presente artículo no expone todas estas razones, pero pretende atraer la atención hacia un tema fundamental de la reforma energética que paradójicamente se ha mantenido al margen de las discusiones: la apertura legal a la entrada de proyectos de explotación del gas natural en yacimientos de lutitas por técnicas de fractura hidráulica (en inglés, a esta técnica se le conoce informalmente como fracking).
El dictamen aprobado ayer hace referencia al auge de proyectos de extracción de gas de lutitas en Estados Unidos, al abaratamiento de los precios de este insumo y a las amplias oportunidades no aprovechadas que presentan los yacimientos de gas de lutitas en México. No obstante, las afirmaciones que presenta el dictamen sobre el éxito del mercado del gas de lutita en Estados Unidos son falsas. Debido a las altas tasas de declinación en la producción de gas que presenta cada pozo (en un año se produce entre 29 y 52% menos gas que en el año de apertura), la industria del fracking simplemente no es rentable. En 2012, solamente en reinversión para mantener la producción de los pozos existentes, la economía estadounidense gastó más de 42 mil millones de dólares.
A su vez, las ganancias totales en Estados Unidos por la venta de gas de lutitas alcanzaron los 32 mil millones de dólares. Es decir, ¡un déficit de 10 mil millones, sin tomar en cuenta los gastos por apertura de nuevos pozos! ¿Por qué entonces se considera al fracking como un gran negocio? De acuerdo con la analista financiera, Deborah Rogers, las ganancias obtenidas en bolsa por adquisiciones y fusiones de empresas de gas de esquisto (o shale gas en inglés), así como por la compra-venta de pagos de producción volumétrica (volumetric production payments, un instrumento financiero creado para especular en torno a esta actividad), ascienden a 46 mil millones de dólares. En otras palabras: ¡se gana más por especulación financiera que por producción de gas! En la persecución de ganancias bursátiles, estas empresas han operado inclusive en contra de sus intereses como industria, al saturar el mercado estadounidense de gas y tirando el precio de este bien hasta los 3.5 dólares/btu en que se cotiza actualmente (una irracional práctica de “auto-dumping”). Nos encontramos, una vez más, frente a una burbuja especulativa; misma que sólo puede ser sostenida a través de la expansión en el número de pozos perforados por cada una de estas empresas y la apertura de mercados en el extranjero (Europa, el Cono Sur y México, entre otros destinos).
Es preocupante que los legisladores mexicanos apuesten el futuro energético del país en un mercado insostenible en el mediano y largo plazos. Más preocupante aún es que, en la persecución de ganancias inmediatas, estén dispuestos a hacer competir el derecho al acceso al agua de millones de mexicanos con esta industria, que se expongan a contaminación permanente los acuíferos, suelos y mantos freáticos de poblaciones en el oriente, nororiente y norte del país. Lo anterior pondría en riesgo la salud y vida de los pobladores de estas regiones y la viabilidad de las actividades económicas que realizan. Por donde se le vea, esta industria no es viable. Más valdría que los legisladores atendieran los reclamos esgrimidos por organizaciones agrupadas en la Alianza Mexicana contra el Fracking y se apresuraran a establecer una prohibición a este tipo de actividad, como aquellas que han sido aprobadas en Francia y en Bulgaria. No por nada, países como Alemania, Holanda, Gran Bretaña y algunas regiones de Italia, España y Estados Unidos han establecido moratorias a esta práctica.
Por: Francisco Cravioto
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