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La fragilidad de nuestro Derecho de Acceso a la Información

México ha sentado precedentes a nivel internacional en relación a su política de transparencia y acceso a la información; pero lo que se ha alcanzado en más de una década gracias a un movimiento articulado de organizaciones de la sociedad civil y cierta voluntad política de los gobernantes, está en peligro. Una de las amenazas actuales y la más preocupante es la imposición de sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes “cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los Sujetos Obligados”.

Esto es una mordaza para los servidores públicos, lo que agrava considerablemente el hecho de que este grupo de personas históricamente tiende más a la opacidad que a la transparencia. Dígame Usted ¿Qué funcionario que por idiosincrasia tiene dudas sobre la utilidad de abrir información a la ciudadanía, va a tomar una actitud en favor de la transparencia bajo el riesgo de recibir una sanción? Creo que todos conocemos la respuesta.

Esta es una de las preocupaciones principales que hemos expresado como parte del “Colectivo por la Transparencia”, conformado por 14 organizaciones, sobre la Iniciativa que el pasado 2 de diciembre fue presentada ante el pleno del Senado por legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM y que sustentará el contenido y alcance del derecho de acceso a la información protegido en el Artículo 6º de la Constitución.

Cabe subrayar que la aprobación de la iniciativa de Ley General de Transparencia es una condición sin la cual la reforma constitucional en materia de transparencia no podrá ser concretada, y por ende sus beneficios serán pospuestos. Si esta Iniciativa no se aprueba en el plazo constitucional que finaliza el próximo 7 de febrero de 2015, se pone en riesgo un Sistema Nacional de Transparencia eficaz. Esto sobre todo porque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, debido a que no podrán homologarse las leyes locales, y porque no podrán establecerse procedimientos para asegurar la transparencia y el acceso a la información en sindicatos y partidos políticos, entre otros.

Por lo anterior, exhortamos al Senado a concretar la discusión y aprobación de la Ley General de Transparencia en los tiempos constitucionales y en los términos comprometidos, así como eliminar las disposiciones que ponen en peligro el derecho de acceso a la información, en concreto las siguientes: por un lado, la ya mencionada imposición de sanciones a los servidores públicos por abrir información que puede ocasionar daños a las instituciones en las cuales laboren; por otro lado, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva.

Si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales de un país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero, esto se puede convertir en un pretexto para mantener en la opacidad cualquier tipo de información que la ciudadanía podría solicitar.

En este sentido esta restricción es violatoria al Derecho Internacional de Derecho de Acceso a la Información ya que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier restricción debe ser necesaria para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, y deben ser necesarias en una sociedad democrática. Por ende, esta excepción limita el potencial democrático del derecho de acceso a la información.

Ahora, no todo lo que promueve la Iniciativa presentada en el Senado el pasado 2 de diciembre es de preocupación. Al contrario, hay muchos avances que lo pueden calificar como una ley de vanguardia. Cabe subrayar que esto en parte se debe al grupo redactor que desde la sociedad civil aseguró que el proceso de formulación contó con los más altos estándares técnicos en la materia, y del cual el “Colectivo por la Transparencia” ha formado parte. Entre los puntos más rescatables se encuentran los siguientes:

•La nueva Ley General de Transparencia vendrá a hacer públicas declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

•Sindicatos, partidos políticos y asociaciones civiles que reciban y ejerzan recursos públicos serán sujetos obligados de la LGT.

•Se ataca la “inexistencia”, pues los sujetos obligados que no tengan la información y sea parte de sus atribuciones deberán generarla.

•El IFAI se fortalece y se convierte en INTAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información). Ahora tendría facultad de atracción y de revisión de las resoluciones locales.

•Para reservar información, los sujetos obligados tendrán que demostrar que existe un daño presente, probable y específico.

Es recomendable acercarse a la información que desde el ‘Colectivo por la Transparencia’ se ha hecho pública en cuanto al proceso de elaboración de la Iniciativa presentada.

Por Simone Haf

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle21227.html