El pasado 14 de junio se cumplieron seis años de que el gobierno de Ulises Ruiz decidiera desalojar el plantón magisterial de la Sección 22 con todo lujo de violencia, hecho que abrió la puerta a un conflicto social en donde el Estado optó por la represión y uso de la fuerza formal e informal como formas para el manejo del conflicto. El resultado fue lamentable: detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, lesiones graves, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y exilio. Y por favor, no crean solamente en mi palabra, estas graves violaciones a los derechos humanos fueron reconocidas y documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15/2007 y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su informe de investigación 1/2007.
Este 14 de junio, el actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en representación del Estado mexicano reconoció públicamente, frente a las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante 2006 y 2007 y a las y los funcionarios públicos de su gobierno, la responsabilidad sobre estas violaciones y asumió el compromiso de reparar los daños individuales, familiares y colectivos ocasionados. De igual forma, se hizo público el compromiso de conocer la verdad de lo que aconteció, y encontrar y sancionar a los autores de estas terribles violaciones.
Por primera vez en la historia de Oaxaca, el Estado reconoce públicamente su responsabilidad sobre violaciones a derechos humanos cometidas, se dignifica a las personas que fueron reprimidas, golpeadas, detenidas, torturadas y señaladas en el pasado como delincuentes, y se nombra a las personas que fueron exiliadas, desaparecidas y ejecutadas. En el patio central del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Oaxaca, el gobernador, junto con otros funcionarios públicos del gobierno estatal, tuvieron que escuchar de la voz de Merit Jiménez Jiménez cómo su vida se vio afectada al haber sido asesinado su padre. De voz de Porfirio Hernández Muñoz escucharon que siguen en pie las demandas de justicia y sanción a Ulises Ruiz y sus colaboradores por las violaciones a derechos humanos ocurridas.
Este fue un acto simbólico que da cuenta de que no pueden ser pasadas por alto la represión y la violación sistemática de derechos humanos cometidas contra un pueblo, que no puede el Estado repetir el papel que jugó en 2006 y 2007 en Oaxaca sin ningún costo, cuestionamiento y sin asumir responsabilidad. Este tendría que ser no el único sino el primer acto y gesto de aprendizaje, de conciencia, de responsabilidad por parte de autoridades que buscan recobrar su legitimidad y la del Estado que representan.
Daniela Ramírez
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