A seis meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez realizaron el foro La Sociedad Responde. Numerosas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellos reconocidos expertos de Colombia y Argentina expusieron la experiencia de sus países y coincidieron en que la judicialización de los casos, así como la investigación y sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos fue uno de los aspectos clave en la justicia transicional de sus países.

En México la experiencia es otra, la judicialización ha sido una utopía. Por ejemplo, en los casos de desaparición forzada de la Guerra Sucia de los años setenta en Guerrero, la CNDH, a través de la Recomendación 26/2001, propuso establecer una Fiscalía Especial la cual investigaría 275 casos de desaparición forzada que fueron perpetrados por agentes estatales. Sin embargo, esta fiscalía no investigó y por el contrario se tradujo en impunidad para los responsables. Por ello, los familiares de Rosendo Radilla se vieron obligados a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En 2010, la CoIDH notificó la sentencia al Estado mexicano, sin que hasta la fecha se haya traducido en justicia para sus familiares.

La misma suerte corrieron los casos de los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán en 1999. Cabrera y Montiel fueron liberados por razones humanitarias, pero no fueron exonerados de sus delitos.

En los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, en el municipio de Ayutla de los Libres Guerrero en 2001, sus casos tuvieron que ventilarse ante estas instancias internacionales para que se pudieron abrir investigaciones en el derecho interno.

En los casos de las masacres de  Aguas Blancas en 1995 en Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero, ningún mando alto ha sido investigado y sancionado; y el  Charco en el municipio de Ayutla de los Libres Guerrero en 1998, ningún militar ha sido detenido e investigado.

Lo mismo ocurre en los casos de ejecución extrajudicial por parte elementos del ejército mexicano de Bonfilio Rubio Villegas en 2009 en la montaña de Guerrero y de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2011 en Chilpancingo, Guerrero, por elementos de la Policía Investigadora Ministerial. Ningún responsable detenido todos fueron absueltos

La  falta de justicia en estos casos, solo por citar algunos, ha mermado la de por sí deteriorada confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Las deficiencias en la investigación y la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos recientemente refleja la debilidad de  los sistemas de administración y procuración de justicia y la necesidad de continuar exigiendo investigaciones transparentes y la reforma de esas instituciones. Para sus familiares, las esperanzas se centran en el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y que el estado mexicano acate sus recomendaciones preliminares y finales.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas es el resultado de una larga cadena de impunidad en Guerrero, pero desgraciadamente no se limita a este estado. Confiamos en que el Estado reconozca la oportunidad que representa la participación del GIEI para dar pasos hacia la justicia en Ayotzinapa, Guerrero y México.

Matilde Pérez

http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/la-judicializacion-de-casos-de-violaciones-a-derechos-humanos-en-mexico-una-utopia-guerrero-boton-de-muestra/modj!46RL2914JGDK2/V