Tengo cuarenta años y me vi obligada a dejar la colonia San Rafael, un barrio en la alcaldía Cuauhtémoc que había sido mi hogar durante diez años. Poco después del sismo de 2017 y durante la pandemia por Covid-19, personas con alto poder adquisitivo provenientes de otros países comenzaron a llegar dispuestas a pagar rentas que yo solo podía soñar con cubrir. Cuando mi casera decidió aumentar el alquiler para alinearlo con lo que otras personas pagaban —muy por encima de lo que yo ganaba—, supe que había llegado el momento de partir. No tenía otra opción, no podía seguir pagando una renta que se disparaba cada año sin control.
Mi historia es la de muchas personas en la Ciudad de México. De ahí que generen tanto interés las reformas que el gobierno capitalino ha comenzado a impulsar para frenar la especulación inmobiliaria, una práctica en la que una persona o empresa adquiere propiedades, no para habitarlas, sino con el propósito de venderlas a un precio mayor en el futuro. Entre las medidas que se han anunciado está la producción de vivienda en arrendamiento y establecer un límite al aumento de las rentas para proteger a la población de bajos ingresos del encarecimiento excesivo. Pero sé que el problema va más allá. No es solo el turismo digital, sino también los aspectos fiscales del problema los que han transformado barrios enteros como la San Rafael en zonas exclusivas para personas que viajan de manera temporal; y estas reformas, que buscan regular plataformas digitales como Airbnb, son un primer paso.
Airbnb ha sido identificado como uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios de la vivienda. En mi antiguo barrio, cada vez eran más las viviendas que se destinaban exclusivamente a turistas que pagaban en dólares o euros, mientras que las personas residentes de toda la vida, como yo, éramos desplazadas. Lo que proponen las reformas son nuevas regulaciones para limitar el número de noches que se pueden rentar estos departamentos; pero, increíblemente, Airbnb seguirá sin pagar impuestos sobre sus ganancias en México. A diferencia de otros negocios, esta empresa digital continúa operando bajo una ventaja injusta: sus ganancias no pagan ni un peso de impuestos en México, a pesar de ser una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda y de hacerse rica gracias a sus clientes en nuestro país.
En México, desde 2022, las nuevas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) obligan a las personas que alquilan una vivienda o prestan un servicio a través de plataformas digitales a pagar impuestos sobre sus ganancias. Esto incluye a pequeños propietarios que alquilan sus viviendas a través de plataformas como Airbnb. Sin embargo, las grandes empresas multinacionales como la misma Airbnb no están obligadas a pagar impuestos en México. Empresas como éstas, solo tributan en los países donde tienen su residencia fiscal, dejando a nuestro país sin una parte importante de los ingresos que podrían ayudar, por ejemplo, a financiar mejores políticas de vivienda.
El vacío fiscal no solo afecta las arcas del gobierno, también perpetúa la injusticia para quienes estamos al margen. Yo, como arrendataria me veo atrapada en un sistema que beneficia a las personas más ricas, a las empresas más grandes, y que empuja a personas como yo a la periferia, fuera de los barrios que amamos y que alguna vez pudimos pagar.
Para que las grandes multinacionales de la economía digital tengan que pagar impuestos sobre sus ganancias en México, es necesario que la Ley de ISR incluya disposiciones que obliguen a las empresas extranjeras con presencia económica significativa a tributar en México, es decir, que las empresas no residentes fiscales en el país que obtienen ingresos de clientes en México, estarían obligadas a pagar impuestos aquí.
Mientras tanto, personas como yo seguimos buscando dónde vivir en una ciudad que se vuelve cada vez más inalcanzable. Pero lo que más duele no es solo la imposibilidad de un hogar propio sino ver cómo las calles que una vez fueron nuestro hogar ahora pertenecen a otras personas. A quienes pagan más, a empresas que no contribuyen, y a un sistema que, si no cambia pronto, seguirá dejando a muchas sin lugar.
