Aunque parezca una obviedad el título de este artículo, hubo que esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concediese una Audiencia Temática sobre “Reforma Energética y Derechos Económicos Sociales y Culturales” para hacer ver al Gobierno que no puede eludir este debate, que más que debate es una responsabilidad pendiente con la sociedad mexicana. Basta recordar las 10 célebres preguntas de Alfonso Cuarón a Peña Nieto que nunca fueron respondidas a profundidad y que se quedaron en un pasatiempo mediático.
Lo cierto es que cuando la ciudadanía organizada exigió una respuesta por los canales legales sobre el tema, las instituciones del Estado se alinearon para dar por concluida la discusión. Fue el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que desestimó presentar una acción de inconstitucionalidad a petición de organizaciones civiles, con el argumento de que la Reforma no tenía que ver con derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo lo propio con base en un artilugio legal por el que negó la posibilidad histórica de realizar una consulta popular sobre este tópico. La Corte esgrimió que se trataba de una cuestión de ingresos públicos y no de un tema de trascendencia nacional, como lo exige la Constitución. Cómo es posible que los magistrados ignoraran la magnitud del que quizás sea el asunto público de mayor relevancia social para el disfrute de los derechos de la población.
A pesar de estos obstáculos, las organizaciones sociales no se dieron por vencidas y elevaron el nivel de sus denuncias a instancias internacionales. Los Comisionados de la CIDH fueron sensibles a estas preocupaciones y decidieron abrir un espacio exclusivo para atender el tema. El significado de haber logrado esta Audiencia es crucial, tomando en cuenta la cerrazón institucional para abrir un debate público. Pues mire usted, el organismo regional de mayor prestigio en la materia ha reconocido que la Reforma Energética sí es una cuestión de derechos.
Vale resaltar que no estamos ante cualquier foro de discusión sino que en este caso se hace partícipe a las autoridades mexicanas que tendrán que escuchar cara a cara los planteamientos de la sociedad civil y dar respuestas fundamentadas sobre los mismos. Entre las principales demandas que llevarán el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Indignación; Greenpeace-México, y otras organizaciones participantes, se señala que la aprobación de la Reforma y sus leyes secundarias violan derechos de las comunidades como la participación y la consulta previa, al territorio y disposición de sus recursos naturales, a definir sus prioridades de desarrollo, y en general derechos sociales de todas y todos como al agua, al medio ambiente sano, salud, alimentación y vivienda. Al final los Comisionados emitirán consideraciones sobre las cuestiones puestas en las mesa y podrán hacer las recomendaciones al Gobierno mexicano que estimen pertinentes.
Aún con las limitaciones de este tipo de mecanismos para lograr cambios sustanciales contra el modelo neo-extractivista que avanza en el país a ritmo acelerado, por lo menos es una vitrina internacional reconocida desde la que se podrá evidenciar que las reformas estructurales impulsadas por este régimen son regresivas para los derechos y el goce de una vida digna.
Para mayor información puede seguir en vivo la transmisión de ésta y otras audiencias sobre México, el próximo 20 de marzo a las 14hrs.
Edmundo del Pozo
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