La intervención estadounidense en Venezuela, que nos sorprendió iniciando este 2026, prende las alertas sobre el futuro de un sistema que se construyó para mantener el respeto a la dignidad humana y lo que teóricamente conocemos como Estado de Derecho, un régimen político que se basa en la legalidad y la rendición de cuentas. La situación geopolítica, que se avista tan convulsa y compleja, nos recuerda que ahora más que nunca México debería de seguir apostando por mantener y fortalecer los mecanismos de garantía de los derechos humanos y de control del ejercicio de poder público, por ejemplo en los siguientes ejes:
La prevención de la corrupción
La prevención es clave para evitar la repetición de irregularidades o actos de corrupción que afectan áreas clave para el acceso a los servicios públicos. Por ello resulta relevante que en el plan estratégico anticorrupción a 2030, la Secretaría Anticorrupción ponga como pilar la prevención de irregularidades de las y los funcionarios, particularmente en los proyectos estratégicos del gobierno y en los programas prioritarios. Sin embargo, también será necesario que el gobierno se concentre en identificar la formación de redes de poder y privilegios en la interacción entre el sector público y privado cuando se trate de proveer servicios públicos o habilitar acceso a derechos, como en los casos de la distribución de medicamentos o el acceso al agua, o en el uso de notarias para “legitimar” o acelerar procesos de contratación pública que sólo benefician a unos cuantos en privilegio.
Adoptar un esquema preventivo permitiría identificar y evitar la comisión de hechos de corrupción y, por ende, la afectación en la garantía de derechos humanos a corto, mediano y largo plazo.
Fortalecer la independencia y coordinación de las entidades de fiscalización y de rendición de cuentas
La Auditoría Superior de la Federación es la principal instancia que vigila el gasto público a lo largo del ciclo presupuestario y sus hallazgos han permitido detectar irregularidades sobre el ejercicio de los recursos públicos y posibles casos de corrupción, como la compra de medicamentos a sobreprecio en el caso de BIRMEX o irregularidades en las contrataciones públicas por medio de adjudicaciones directas, como sucedió con SEGALMEX. Sin embargo, en los últimos años han disminuido la cantidad de hallazgos y recomendaciones sobre irregularidades, a pesar de que siguen saliendo a la luz diversos casos de corrupción.
Para robustecer el rol de la ASF como el principal ente fiscalizador del gasto público federal no sólo será necesario robustecer sus capacidades institucionales, profesionales, especializadas, tecnológicas y presupuestarias, sino también se requerirá de una transformación estructural que la coloque como un ente con mayor autonomía e independencia de los poderes públicos, y como contrapeso para que su función realmente permita controlar el uso de recursos públicos hacia los programas y políticas públicas que favorezcan a grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Así mismo, será necesario promover una cultura de comunicación, intercambio de información y coordinación interinstitucional con otras entidades de fiscalización y control del ejercicio de poder público, como la Secretaría Anticorrupción y con sus homólogos en las entidades federativas, para lograr un enfoque preventivo e integral de la rendición de cuentas.
El control y transparencia de la intervención del sector privado
Cada vez más el sector privado interviene en las funciones del Estado para que este pueda cumplir con sus fines públicos. Además, la dependencia con actores y la industria privada se vuelve necesaria para el desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, si no existen mecanismos de transparencia y suficientes controles de su injerencia en asuntos públicos, el uso de herramientas y actores privados, como las industrias, los fidecomisos o la banca privada, genera un campo fértil para que su participación sólo favorezca a intereses económicos y políticos en entornos de opacidad e impunidad, generando mayor exclusión y desigualdad de los grupos históricamente vulnerados.
La protección a las personas alertadoras y denunciantes
Desde la entrada en el poder de la llamada “cuarta transformación” se impulsó una estrategia de “ciudadanización de la corrupción”, que busca involucrar a la sociedad en la prevención y detección de irregularidades públicas y actos de corrupción. Sin embargo, para implementar una cultura de involucramiento ciudadano, primero es necesario que se fortalezcan las herramientas para alertar y que exista un sistema integral de protección a denunciantes, que proteja su confidencialidad y anonimato, pero también que dé seguimiento real a las denuncias que se realizan.
El fortalecimiento de los controles democráticos y del ejercicio del poder público a través de la rendición de cuentas y la transparencia es un pilar para limitar el impacto en una crisis política, económica o social. Y esos mecanismos de control en gran parte han sido promovidos por las comunidades, los sectores en desventaja y las organizaciones civiles. Es por ello que, frente al contexto que hoy vive la región, México debe seguir apostando, de la mano de la participación ciudadana y de los espacios comunitarios, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de sus mecanismos de rendición de cuentas para priorizar la igualdad y el respeto a la dignidad humana.
