El mundo atraviesa momentos de crisis, incertidumbre y convulsión. Se viven conflictos bélicos en distintas latitudes emprendidos por potencias que han cuestionado el orden mundial y las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Atestiguamos como humanidad, y con bastante impotencia, cómo la destrucción y la violencia de estos conflictos afecta diariamente a poblaciones civiles en forma desmedida, sin que otras naciones decidan intervenir.
Las derechas y regímenes autoritarios están ganando terreno en todas las regiones, al mismo tiempo que el espacio cívico se cierra. La crisis climática muestra sus impactos y desplaza a comunidades alterando sus formas de vida. A la par que los grandes niveles de desigualdad, pobreza y exclusión han mostrado los límites del modelo económico.
Internamente, nuestro país también está inmerso en este contexto, mientras que la violencia y la macrocriminalidad persistente afectan a los territorios y destruyen el tejido social, con una dolorosa cifra de más de 130 mil personas desaparecidas.
No obstante, en medio de esta convulsión surge un rayo de esperanza: la revolución de los cuidados. Desde hace varias décadas, movimientos feministas en América Latina y alrededor del mundo han cuestionado el modelo económico y social prevaleciente desde la revolución industrial, que se sostiene en la extracción desmedida de recursos naturales, el avasallamiento de las formas de vida y organización comunitarias, y el trabajo no remunerado de cuidados. Estos movimientos han propuesto que 1) los estados reconozcan que el trabajo de cuidados no remunerado ha recaído primordial y desproporcionadamente en las mujeres, 2) que este ha estado invisibilizado y es fundamental para la sostenibilidad de la vida misma y, 3) que los estados y los diversos sectores sociales tienen la obligación de generar y promover condiciones y políticas que permitan reconocer, redistribuir y retribuir este trabajo.
En México, se han dado los primeros pasos en esta dirección. A nivel federal, uno de los 100 compromisos de la primera Presidenta fue la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. En 2025, el gobierno adoptó y promovió el Compromiso de Tlatelolco, derivado de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en donde los países de América Latina y del Caribe reconocieron el derecho al cuidado –con el respaldo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y la obligación de los estados de promover medidas y acciones concretas para garantizarlo. Además, en distintos estados y municipios del país, por ejemplo, en la Ciudad de México, se están comenzando a crear políticas y acciones para crear un sistema integral de cuidados, que responda a las necesidades de esos contextos.
A nivel federal, los primeros cimientos del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados se construyeron en 2025 y se materializaron a partir de 2026 en el primer Anexo Transversal 31 de Cuidados, que visibiliza los más de 45 programas y recursos presupuestarios que, en opinión del Estado mexicano, abonan a garantizar el derecho al cuidado. Este Anexo tiene en este año más de 468 mil 641 millones de pesos, equivalentes al 1.2 por ciento del PIB. Sin embargo, en este primer ejercicio, podemos observar que seis programas concentran el 94.1 por ciento de los recursos. De estos seis programas, cuatro son programas de transferencias directas, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (27.6 por ciento) dirigida a estudiantes de nivel básico, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (26.3 por ciento), la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (6.2 por ciento), y la Pensión Mujeres Bienestar (3.2 por ciento). Los otros dos programas que concentran el grueso de los recursos están a cargo del IMSS y son los servicios de atención a la salud (27.1 por ciento) y los servicios de guardería (3.7 por ciento). En específico, no hay mucha claridad en este primer Anexo respecto a cómo los programas de transferencias condicionadas abonan específicamente a transformar la organización social del cuidado y a redistribuir las cargas desproporcionadas que recaen en las mujeres. Además, dichos programas se incluyen también en muchos de los otros anexos de infancias, de género, pueblos indígenas.
En el listado de programas del Anexo 31, se observan algunos otros programas que, por ahora, tienen muy pocos recursos, pero son interesantes porque permitirían ampliar la mirada del derecho al cuidado incluyendo aspectos como la preservación del medio ambiente, el fortalecimiento comunitario, la movilidad, el respeto de la autonomía de los pueblos indígenas, la prevención de las violencias, entre otros. Por ejemplo, se incluye un programa de Caminos Artesanales, otro de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, otro para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas y otro para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas.
En suma, debe reconocerse la importancia histórica y simbólica del Anexo Transversal 31 de Cuidados como el primer esfuerzo del Estado mexicano para visibilizar los recursos que abonan a garantizar este derecho. Sin embargo, como sociedad, debemos seguir empujando mejoras a las políticas y al propio sistema para que el gobierno y todas sus instituciones integren una mirada y visión más integral del cuidado. Esto permitirá que, en un futuro, los recursos y programas del Anexo 31 no estén centrados mayor y exclusivamente en los programas de transferencias condicionadas y se amplié a otros aspectos relevantes que permitan construir un sistema de cuidados integral.
