El próximo jueves 26 de marzo, se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Nadie se puede imaginar por lo que han pasado los familiares de las víctimas durante este tiempo. Son seis meses de dolor, tristeza, angustia, enojo, desesperación, impotencia. La semana pasada algunos de ellos viajaron a la capital de Estados Unidos para participar en la audiencia temática Desaparición forzada e Impunidad frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el marco de este evento representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de desaparecidos afirmaron que las desapariciones forzadas continúan en México en un contexto de impunidad casi total, lo cual ha hecho del país un enorme cementerio. Según cifras oficiales, al 31 de enero de 2015 existen 25,293 personas desaparecidas. En su defensa los representantes del gobierno de México contestaron que han demostrado voluntad política para buscar a los estudiantes y todas las víctimas de desaparición forzada y que han impulsado diversas medidas legales para prevenir y resolver casos de desaparición.
Los familiares de desaparecidos y las personas que trabajamos desde la sociedad civil, frente a este tema no sabemos si llorar de tristeza o gritar de enojo frente a tal cinismo por parte de los funcionarios. Sabemos que el Estado no sólo ha sido omiso en cuanto a su responsabilidad de prevención y solución de casos y en reconocer que en México no se ha erradicado la práctica de la desaparición forzada desde la Guerra Sucia, sino ha participado activamente en esta práctica. De hecho, el caso de Ayotzinapa evidenció cómo la impunidad ante las decenas de miles de desapariciones ha generado incentivos para que éstas se cometan de forma masiva, al amparo del poder estatal. Pero el colmo es el doble discurso del gobierno frente a este asunto. En foros internacionales los funcionarios ponen cara de angustiados y hasta disculpas nos piden, cuando aquí nos tratan con la punta de pie, cuentan familiares de desaparecidos.
En México, este jueves 26 de marzo, a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes tiene lugar el foro La sociedad responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos, una iniciativa organizada por un amplio frente de organizaciones, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El objetivo es colocar una agenda civil de incidencia frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que incluya propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares.
Esta crisis que vive el país quedó evidenciada desde el año pasado a partir de tres sucesos: Tlatlaya, Ayotzinapa y el caso de la llamada Casa Blanca. Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en ambos sucesos y la corrupción de alto nivel evidenciada por el caso aludido, se erigen hoy como los parámetros más adecuados para entender la realidad del país. Sobre el caso de Ayotzinapa y la práctica de la desaparición forzada ya indagamos. Tlatlaya, por su parte, demostró que los controles civiles sobre las fuerzas armadas son prácticamente inexistentes.
Pese a que la reforma al fuero militar de abril de 2014 contribuyó a que los castrenses fueran juzgados en la jurisdicción civil, la tibia actuación inicial del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México demostró que de poco sirve acotar el fuero castrense si las autoridades civiles se guían por la complicidad cuando deben investigar posibles violaciones a derechos humanos. La masacre militar ocurrida en el Estado de México demostró también cómo en la llamada guerra contra el narcotráfico el uso de la fuerza letal por agentes estatales se ha normalizado, incumpliendo frecuentemente los parámetros aceptados a nivel internacional y provocando miles de ejecuciones extrajudiciales. Las 22 personas privadas de la vida en Tlatlaya se suman a miles de mexicanos y mexicanas ejecutados por un uso innecesario de la fuerza letal.
El caso de la Casa Blanca, finalmente, puso en evidencia la persistencia de esquemas de corrupción y, en particular, de conflictos de interés, frente a los cuales la institucionalidad desarrollada en materia de transparencia y rendición de cuentas resulta insuficiente cuando se trata de esclarecer los casos emblemáticos y sancionar a los responsables al más alto nivel. La corrupción evidenciada en el caso de la Casa Blanca, donde quedó de relieve la posibilidad de que desde los más altos niveles del Ejecutivo Federal se hayan obtenido beneficios ilegales de particulares favorecidos con concesiones públicas, se suma a los miles de casos de conflicto de interés y corrupción que no son sancionados.
Hasta el momento las respuestas del gobierno han sido limitadas e insuficientes para atender los problemas estructurales que ponen en evidencia Tlatlaya, Ayotzinapa y el caso de la Casa Blanca. Por eso nos corresponde como sociedad exigir una agenda concreta y realista que impulse cambios profundos. La convocatoria civil amplia del foro de este jueves es un importante paso en este sentido. Súmate a #LaSociedadResponde
