26 de junio de 2026.- Hoy, 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, nosotras, nosotros y nosotres —familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo— alzamos la voz de manera colectiva para denunciar una realidad que el Estado mexicano se ha negado a erradicar: la tortura es una práctica generalizada en todo el territorio nacional y es cometida por fuerzas de seguridad de todos los niveles.
Hablamos desde nuestras propias vidas atravesadas por el dolor, la injusticia y la impunidad. En México, la tortura no es un hecho aislado: sustituye al debido proceso, se utiliza para arrancar confesiones, fabricar culpables y sostener un sistema de justicia que castiga a personas inocentes.
El Índice Global de Tortura publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura confirma esta realidad, al evidenciar fallas estructurales en México en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura, así como graves deficiencias en el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Este Índice muestra que, a pesar de contar con un marco legal avanzado, el país enfrenta una brecha profunda entre la ley y su implementación, lo que perpetúa la impunidad y la repetición de estas violaciones.
Nos duele profundamente constatar que el propio marco legal e institucional ha favorecido esta práctica. La detención arbitraria, el arraigo, y la prisión preventiva oficiosa han sido mecanismos que permiten que la tortura ocurra. A pesar de los llamados reiterados de organismos internacionales, estas figuras continúan vigentes. Como lo ha dicho Abigail, esposa de Andrew Córdova —quien pasó 18 años en prisión preventiva tras ser torturado—: bajo tortura, cualquiera puede ser culpable de un delito que no cometió.
La tortura destroza familias enteras dejando daños irreparables. Durante años hemos acompañado el dolor con el que caminan nuestros compañeros y la familia de Miguel y Pedro Peralta, así como de Ivonne e Inocencia, quienes después de 15 años lograron la libertad de Germán Heredia, después de una serie de abusos por parte de las autoridades encargadas de la administración de justicia.
La tortura también tiene impactos diferenciados en mujeres. Recordamos a las 21 mujeres que han muerto bajo custodia en el Cefereso 16 desde 2021, y a Ángela Elizondo, quien perdió la vida a los 15 años tras ser sometida a abusos en un centro de rehabilitación. También reconocemos las valientes luchas de nuestra compañeras que denuncian la tortura sexual, como lo son las compañeras de Atenco, así como la admirable lucha del Colectivo 9N y en particular, de nuestra compañera Wendy Galarza, quien en noviembre del 2020 fue víctima de tortura por agentes policiales en Quintana Roo.
Al igual, llamamos la atención por la tortura que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en particular las mujeres trans, que día a día son atacadas por fuerzas de seguridad como recientemente ocurrió en la secretaría de Gobierno de la ciudad de México frente a la exigencia de sus derechos.
Asimismo, denunciamos que la tortura no solo ocurre en centros de detención, sino también en el contexto de protestas sociales, en las estaciones migratorias y en instituciones de salud mental y de rehabilitación para personas con uso problemático de sustancias.
Frente a esta realidad, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. A casi una década de la adopción de la Ley General contra la Tortura, las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad. El Mecanismo Nacional de Prevención no actúa con independencia. Y herramientas fundamentales como el Protocolo de Estambul han sido distorsionadas para encubrir la tortura en lugar de investigarla.
Sabemos lo que significa buscar justicia en México. Sabemos lo que es enfrentar la indiferencia de las autoridades, la revictimización y el paso del tiempo. Lo vemos en casos como el denominado “Caso Tlaxcala”, así como en los de los compañeros Yonny Ronnay, Juan Carlos Michaca y Nino Colman, que llevan años privados de libertad pese a resoluciones internacionales. Lo sentimos en nuestras familias, en la ausencia, en el miedo de no alcanzar a ver la libertad de nuestros seres queridos.
Destacamos lo que ocurre en Chiapas, en donde recién vimos en medios de comunicación, que la tortura sigue cometiéndose incluso en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuáles utilizan el sistema de justicia penal como método de represión. Denunciamos a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes están involucrados en detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas en contra de la población civil y defensores de derechos humanos. En particular exigimos la libertad de Oscar Trinidad Carbajal, Orbey, Orlando y José Julian (Servidores de la Iglesia), y de Pedro Pérez Jiménez.
Una gran decepción para las víctimas ha sido el darse cuenta que aún después de recuperar la libertad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas te revictimiza. Su desempeño es tan pobre que incluso tenemos que litigar en contra de dicha institución para poder acceder a nuestro derecho a una reparación integral. Esta ha sido la lucha incansable de nuestros compañeros y compañeras Rogelio Amaya, Ruben Rivera y los hermanos Verónica y Erick Razo.
También, hacemos un llamado a reconocer a las y los familiares de personas privadas de libertad, como agentes de prevención de la tortura, dado que son ellas quienes de primera mano reciben y documentan las denuncias y testimonios de tortura y malos tratos de las personas privadas de libertad. En este denominado, “tiempo de mujeres”, exigimos que cesen los tratos humillantes en contra de las mujeres, niñas y niños, que visitan a sus familiares privados de libertad.
Somos fuerza, memoria y lucha. Hemos contribuido con nuestras voces a la Carta de los Derechos de las Víctimas y Sobrevivientes de Tortura, impulsada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, que reconoce nuestro derecho a ser escuchadas, a participar plenamente y a incidir en las políticas públicas. Esta Carta afirma que no somos únicamente receptoras de justicia, sino actoras fundamentales en su construcción.
Por ello, hoy exigimos:
- A la Presidenta la República, deje de negar que existe la tortura, e implemente medidas efectivas para su prohibición absoluta.
- El reconocimiento pleno de víctimas, sobrevivientes y familiares como agentes clave en la prevención de la tortura.
- La eliminación del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y las detenciones arbitrarias.
- La culiminación e implementación efectiva del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- Investigaciones independientes y sanciones efectivas contra todos los responsables.
- Reparación integral y garantías de no repetición.
- El cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la materia.
Hoy reiteramos: no solo exigimos justicia, exigimos ser parte de ella. No solo somos víctimas: somos personas expertas, defensoras y protagonistas en la lucha contra la tortura.
Nuestra lucha es por la libertad, la verdad, por la memoria y por un país donde nunca más la tortura sea utilizada como herramienta de control, castigo o investigación.
Atentamente,
- Tejiendo Redes Contra la Tortura – Red de Sobrevivientes de tortura, familias y acompañantes en México, que se articula para generar estrategias y visibilizar diversos contextos en donde se sigue usando la tortura, así como los impactos en quienes la viven y sus familias.
- Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
- Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Colectivo Pervivencias
- Documenta, Análisis
- Acción para la Justicia Social
