El pasado viernes 23 de octubre, Amnistía Internacional presentó su informe Promesas en el Papel, Impunidad Diaria: La Epidemia de Tortura en México Continúa en donde recoge varios casos nuevos de tortura en México que reactualizan no sólo a su campaña “Stop Tortura”, sino que evidencian de nueva cuenta que este fenómeno sigue imperando en el país. Es un nuevo informe con contundencia que externa la preocupación de la sociedad civil sobre este crimen de estado incesante.
No es sorpresa que este informe se de en la coyuntura de varios acontecimientos que en materia de señalización de violaciones a los derechos humanos se han dado recientemente: la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales de septiembre; la visita de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a principios de octubre; el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa; y las audiencias públicas ante la CIDH hace una semana en Washington, que incluyeron temas como el de las ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias particulares y generales que se han dado sobre violaciones a los derechos humanos en México han sido proporcionales –incluso en menor medida debido a la “cifra negra” de las denuncias no presentadas– a la comisión de estos delitos por parte de agentes del estado.
Sin embargo, también es constante el rechazo gubernamental hacia estas demandas. El gobierno mexicano, a través de sus representantes, se ha encargado una y otra vez de rechazar el carácter generalizado de las violaciones a los derechos humanos. Una y otra vez, en los últimos años, hemos escuchado frases como “ son ellos (los delincuentes) quienes (…) violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”; “creemos que este documento preliminar no refleja la situación del país (sino) que se circunscribe a zonas”, o bien “tampoco podemos reconocer de ninguna manera, el que se diga que en México hay desaparición generalizada, por supuesto que no lo aceptamos”. Independientemente de si estas palabras provienen de presidentes, secretarios o subsecretarios, lo que se demuestra con esta sempiterna actitud de rechazo es lo que Zeid Ra’ad Al Hussein fraseó como “Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio.”
La reciente etapa de rechazo público gubernamental comenzó cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se quejó del informe del Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, al considerar que sus comentarios eran “irresponsables y poco éticos” por decir que la tortura era generalizada en el país. Y no sólo esta práctica es generalizada, tal como organizaciones como Amnistía Internacional y otras lo han documentado, sino que también es generalizado el rechazo, como ya se comentó. El mismo Alto Comisionado manifestó en su reciente visita al país que “la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida”.
Y como si fuera poco, a la vez el mensaje dirigido a todas y todos los mexicanos es claro: “ya chole con tus quejas”, reza un spot gubernamental. Si esto fuera un partido de béisbol, el gobierno mexicano sería lo más cercano a un equipo que batea todo el tiempo, al momento en que grita: “play ball!”. No picha, no cacha, pero batea todas las denuncias que en materia de derechos humanos se le presentan.
Se sabe que en próximas semanas se estará presentando una iniciativa de ley general para prevenir y sancionar la tortura. Esta ley deberá contar las opiniones y recomendaciones planteadas desde la sociedad civil organizada y académicos para llevar a que esa práctica sea erradicada por completo. Que jamás un funcionario la cometa como supuesta investigación, que jamás un juez la reconozca como medio de prueba y sobre todo, que jamás la sociedad la justifique o niegue bajo el argumento de que es una “argucia legal”.
Es necesario que en plena coyuntura internacional de recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos –misma que no es gratuita ni ocurrente, sino documentada y cierta– el gobierno logre trascender esa actitud de negación automática que le ha caracterizado siempre. El informe de Amnistía Internacional abona, en este sentido, puede ser un comienzo… si el gobierno lo lee.
