Estamos a poco más de dos semanas para que se lleven a cabo las primeras elecciones judiciales y lejos de confirmarse las bondades que se prometían, cada día se hacen evidentes sus inconsistencias y riesgos. Por ejemplo, candidaturas cuestionables que no fueron “detectadas” en el proceso de valoración y, por lo tanto, aparecerán en las listas el próximo primero de junio.
Al respecto, es importante rememorar que el pasado 4 de mayo, las presidencias de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de 26 candidaturas judiciales, toda vez que 18 de ellas “no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada,” y ocho más porque no tienen el promedio general de 8 requerido.
Lo anterior no es un caso aislado ni mucho menos debería de minimizarse, es el reflejo de ejercicios de evaluación poco serios, poco rigurosos y poco exhaustivos. Desafortunadamente, era previsible. El diseño de la reforma judicial flexibiliza los requisitos para acceder a estas importantes responsabilidades judiciales y establece mecanismos de evaluación fácilmente cooptados y sin las garantías para que se realice una revisión objetiva ni mucho menos en plazos tan reducidos para tan cuantioso número de registros. Por el contrario, se confirma la colocación de perfiles apoyados por intereses de unas cuantas personas para que la justicia les sirva bajo el baluarte democratizador del voto popular.
