En México la transparencia presupuestaria ha sido regular. En su última edición, el Open Budget Index (OBI 2012) señaló que nuestro país publica información suficiente sobre los ingresos y gastos del gobierno federal en las distintas fases del ciclo presupuestario. Sin embargo, resulta paradójico que frente a nuestros altos niveles de corrupción, México cumpla con su obligación de publicar información presupuestaria. Lo anterior nos permite suponer que la mera acción de subir enormes cantidades de datos a Internet, no es suficiente para consolidar un contrapeso ante la opacidad con la que opera la corrupción. Ese contrapeso para que sea efectivo debe basarse en la participación ciudadana y en diversos arreglos institucionales adicionales.
Los conflictos de interés que hubieran llevado a la renuncia a cualquier servidor público en un país de leyes y principios básicos, en México apenas nos permiten ser testigos de escándalos que terminan en el olvido aun cuando involucren al titular del ejecutivo, y a su más alta esfera de colaboradores. En ese sentido no es suficiente saber lo que hace el gobierno en términos numéricos; para combatir la corrupción es necesario saber cómo hace lo que hace. La accesibilidad a datos debe habilitar a los gobernados a solicitar información y exigir rendición de cuentas. y cuando existan malos manejos o desvíos de recursos públicos, debe haber consecuencias.
Nuestro endeble sistema jurídico no permite la impartición de justicia ante la revelación de hechos tan notables de corrupción como los que se han dado a conocer el presente año. Tal es el caso de los inmuebles que grupo Higa le facilitó a la esposa del presidente, o al Secretario de Hacienda o las licitaciones amañadas a favor del OHL por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Con este ejemplo, podemos dar cuenta que la impunidad es muy alta, por lo que el ejecutor del gasto enfrenta pocos riesgos al cometer irregularidades o actos de corrupción con el gasto público. Las sanciones son mínimas o inexistentes. Las leyes administrativas, lejos de ser obstáculos para los malos manejos se han convertido en manuales para fundamentar y motivar negocios nada redituables para el Estado de los cuales, se han enriquecido tanto políticos y burócratas como empresarios mientras la desigualdad y la pobreza se incrementan.
La transparencia presupuestaria debe ser un instrumento para que los ciudadanos podamos indagar de lo general, lo que el gobierno informa, a lo particular el destino del gasto público que debió representar un beneficio para la población, en especial los olvidados por las políticas públicas.
Para que la participación ciudadana logre ser una realidad y podamos aspirar a cierto control social sobre el poder administrativo y la provisión de servicios públicos, es necesario que la transparencia presupuestaria continúe y mejore; de igual forma es importante llevarla al máximo nivel de detalle, donde se pueda observar la forma en la que se ejecutaron los recursos, bajo qué figuras, cómo se invirtió, en qué contratos, con qué procesos e incluso es ideal que pueda haber una georreferenciación para observar, por ejemplo el grado de avance de una escuela o un puente.
Finalmente es mucho más importante conectar a la población con la transparencia presupuestal y habilitarla para que pueda monitorear el gasto, organizar contralorías o auditorias sociales y articularse en consejos ciudadanos. Las leyes deben habilitar al ciudadano para obligar al servidor público a explicar, qué hace con el presupuesto. Al final de cuentas, es nuestro dinero.
El 9 de septiembre de 2015 se presentará el OBI 2014, la calificación en transparencia presupuestaria para México. Búscalo en www.fundar.org.mx.
