El plazo de un año para armonizar las leyes de transparencia, tanto la federal como las estatales, está por cumplirse. El próximo 4 de mayo las 33 leyes de transparencia en México tendrían que estar armonizadas con los principios desarrollados en la Ley General de Transparencia (LGTAI).
A la fecha, solamente ocho estados y la federación han armonizado sus leyes, tenemos un restante de 24 leyes; de éstas, al menos en ocho estados se ha presentado una iniciativa de ley, lo cual deja a la mitad de estados sin comenzar siquiera el proceso legislativo.
Estas cifras nos dicen mucho; en primer lugar, que en algunos estados el tema de la transparencia es secundario y no forma parte de las prioridades de sus gobernantes ni de sus congresos. Armonizar leyes que regulan la apertura de información y la garantía de un derecho humano, el derecho de acceso a la información (DAI), al parecer es un trabajo sujeto a intereses más relevantes para la clase política que opera en el ámbito subnacional.
¿Cuáles son esos intereses? Es la pregunta que nos debería importar porque es incomprensible que a menos de un mes para cumplirse el plazo, la mitad de estados no hayan siquiera comenzado el proceso legislativo de armonización.
Para la mala suerte de quienes buscamos construir espacios democráticos en nuestro país, la agenda política entra en una especie de campo magnético en donde nada se mueve a menos que las acciones puedan traducirse en ventajas políticas, cuando entramos en periodo electoral.
En este 2016 un total de 13 estados entrarán en proceso electoral, de estos estados solamente tres, Chihuahua, Oaxaca y Baja California, han aprobado su ley. De los 10 restantes la mitad ha presentado una iniciativa en el congreso, la otra mitad al parecer no ha comenzado siquiera a discutir el tema.
Y el periodo electoral en México, más allá de las regulaciones de la ley electoral y disposiciones de los institutos electorales, comienza cuando el año en el que se celebran las elecciones da inicio. En ese momento se abre un espacio en el tiempo donde todo queda sujeto a los intereses partidistas en aquellos lugares donde se jugarán las gubernaturas, diputaciones o alcaldías. Por ello, hemos tenido un lento 2016 para los avances legislativos en varios estados.
Por poner un ejemplo, en el estado de Sinaloa, la comisión que debe dictaminar la iniciativa de ley de transparencia está compuesta por siete diputados; de éstos, cinco pidieron licencia para competir en las elecciones de su estado, lo cual trajo un impasse en el congreso del estado. Por una temporada, no hubo con quien dialogar sobre el tema de la ley.
Otro de los factores que nos permite entender esta pereza legislativa es la ausencia de mecanismos para asegurar que los congresos locales, o incluso el federal, cumplan con los plazos legislativos.
La reforma constitucional de transparencia de 2014 planteaba un periodo de un año para la creación de las leyes secundarias; al día de hoy, dos años después, solamente tenemos la Ley General de Transparencia; faltan las leyes generales sobre protección de datos personales y sobre archivos.
A un mes de que se cumpla el plazo para la armonización de las leyes de transparencia podemos intuir que un gran número de estados no cumplirán con el plazo. Sin embargo, ¿qué pasa si esto llega a suceder? La respuesta es: nada.
Incumplir con el propio mandato constitucional carece de consecuencias. Los legisladores de todo el país seguirán recibiendo su salario, sus bonos de fin de año, sus beneficios vinculados con el cargo. En este país la omisión legislativa acaso es tema de nota periodística pero carece de consecuencias.
En términos prácticos, cuando llegue el 4 de mayo de 2016, día para el cual tendríamos que tener nuestras leyes armonizadas, lo que sucederá es que la regulación del derecho de acceso a la información (DAI) se hará con base en la Ley General de Transparencia (LGTAI). Todos los avances contenidos en esta ley aplicarán para el acceso en cada estado, sin embargo el procedimiento mismo del acceso a la información, con sus plazos, se regulará bajo las leyes de los estados, siempre y cuando no sean contrarios a la LGTAI.
Esto pareciera no ser tan mal escenario, sin embargo, imaginemos lo que significará la aplicación de dos leyes para un mismo tema, cuando los propios estados han mostrado su nulo interés en construir marcos normativos más garantistas. Es decir, es muy probable que bajo un escudo de confusión, la garantía del DAI en los estados que no hayan armonizado, sea bastante restrictiva.
Para este proceso, los congresos locales no han tenido pretexto para no legislar. Tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), senadores federales y diversas organizaciones de la sociedad civil nos dimos a la tarea de promover la importancia del tema y ofrecer apoyo para los obstáculos técnicos. De igual forma, los organismos garantes de la transparencia locales han tenido la oportunidad de empujar el tema en sus estados de la mano del INAI y organizaciones locales y capitalinas.
La realidad es que hoy en día, incluso cuando tenemos una legislación de avanzada en materia de transparencia, ésta difícilmente logrará permear en los estados si la clase política local sigue miope ante los temas de trascendencia nacional. El balón ha estado en la cancha de los estados por varios meses, la mayoría de ellos se ha encargado de ignorar el juego e imponer su muy limitada perspectiva sobre lo que es de interés público.
