El 2024 terminó y con él muchas discusiones de la agenda pública que concretaron la primera etapa de la cuarta transformación, como las reformas judicial y de los organismos autónomos, y la eliminación del INAI. Aunque las discusiones parecieran haber quedado atrás, hoy nos alcanzan sus efectos, particularmente en la agenda de transparencia y rendición de cuentas. Y es que, en el último mes, las dudas y preguntas que nos hacemos organizaciones civiles y personas periodistas son las mismas: ahora ¿cómo se va a garantizar el derecho a la información? ¿A quién debo dirigir mis solicitudes? ¿Qué va a pasar con las solicitudes que están en proceso? ¿Va a desaparecer la información que resguarda la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Con quién me acercaré a reclamar si reservan la información que requerimos? Todas tienen un común denominador: la incertidumbre.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto. Lo poco que sabemos son rasgos generales que no resuelven las dudas de cómo se implementarán estos nuevos cambios que generaron tanta polémica en su momento. Por ejemplo:
- Según los transitorios de la reforma constitucional, el congreso federal y los congresos estatales tendrán 90 días, es decir, hasta el 20 de marzo de 2025 [1], para adecuar la eliminación de los órganos de transparencia en las leyes secundarias, como la Ley General de Transparencia, las leyes estatales de transparencia, la Ley General de protección de datos personales, la Ley General de Archivos, entre otras. Este parece un escenario poco real considerando que el Congreso tiene la tarea de adecuar al menos 73 ordenamientos jurídicos de las distintas reformas constitucionales que se dieron en 2024.
- Será la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la que asumirá las funciones del INAI. Sin embargo, en su reglamento interno, publicado apenas el 31 de diciembre de 2024, sólo se contempla una dirección general que ejercerá las atribuciones como si se tratase de una unidad de transparencia [2], algo que todas las entidades públicas ya tienen de por sí para que se dé tramite a las solicitudes de información.
- Desde presidencia se ha señalado que se creará un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo [3], pero esto tendrá que establecerse en la adecuación de las leyes secundarias, además su alcance sólo permeará al Ejecutivo Federal y la administración pública.
- Se ha señalado que se garantizarán mecanismos de impugnación a través de las instancias correspondientes. Pero no se considera que estos mecanismos son judiciales, como el amparo, y requerirán requisitos específicos para que proceda, lo cual podría implicar mayor especialización, tiempo y recursos de las y los ciudadanos para poder activarlos.
- Que la Plataforma Nacional resguardará los datos y se transferirá a la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, aún no inicia el proceso de adecuación de reformas a las leyes secundarias ni se ha publicado si existe algún protocolo que garantice la seguridad en el respaldo de la Plataforma que proteja a los archivos de posibles ciberataques.
Estos son sólo ejemplos de las muchas preguntas que siguen vigentes y que, a la fecha, ni la información proporcionada el pasado 31 de enero en la mañanera del pueblo ha podido esclarecer. Garantizar un derecho humano no puede depender sólo de la confianza y las buenas intenciones del gobierno, requiere de una ruta clara que contemple las etapas y el seguimiento de cómo se van a implementar todos los cambios y cuidar de no generar más retrocesos ni afectaciones en nuestro derecho a saber.
Por ello, el cambio en la política de transparencia que hoy enfrentamos debe ser una oportunidad para que el gobierno aproveche para corregir las deficiencias que llevaron a la eliminación de los organismos garantes y retomar las experiencias de quienes, por años, han utilizado este derecho para así, fortalecer el derecho a saber, para que realmente sea cercano a las comunidades y no sólo para los grupos de “elite”, que permita a las organizaciones seguir monitoreando la toma de decisiones, y a las y los ciudadanos acceder a otros derechos a partir del acceso a la información, así como a a las y los periodistas seguir generando indicios que den cuenta de posibles casos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Estamos en el momento propicio para realmente transformar la transparencia y el acceso a la información como un derecho que demande la toma de decisiones en favor de la garantía de los derechos humanos.
