Nuestros datos personales jamás les habían resultado tan interesantes a las autoridades, o, dicho de otro modo, nuestra privacidad nunca había sido tan vulnerable. Argumentando la protección de la seguridad nacional, gobiernos alrededor del mundo, en coalición con empresas de telecomunicaciones, han implementado mecanismos de vigilancia masiva que han convertido a las nuevas tecnologías en espacios inseguros para el ejercicio de nuestros derechos. Al parecer, la clase política de nuestro país también se ha sumado a esta dinámica en donde el retroceso a nuestra privacidad es el costo del progreso tecnológico, tal y como ha quedado demostrado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
El 14 de julio de 2014, Fundar junto con otras 218 organizaciones de la sociedad civil exigimos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones en materia de protección de datos personales contenidas en la LFTR, en específico contra los artículos 189 y 190 que permiten la geolocalización sin controles y el acceso gubernamental a los datos en posesión de las empresas prestadoras de servicios en telecomunicaciones. Estos artículos permiten que las instancias de seguridad nacional, de procuración y administración de justicia tengan acceso a nuestra geolocalización en tiempo real de nuestros equipos de comunicación móvil y, por otra parte, autorizan que dichas instancias gubernamentales tengan acceso a una base de datos en posesión de los prestadores de servicios que contiene el detalle de los metadatos de los usuarios (como la duración, fecha, hora y el destino de nuestras llamadas o nuestra ubicación) en el transcurso de los últimos dos años.
Como cualquier otro derecho, la privacidad de las personas puede ser limitada cuando se persiga un fin legitimo, como lo es la persecución de los delitos. Sin embargo, para que cualquier interferencia pueda ser compatible con los derechos humanos, éstas deben otorgarle a la ciudadanía la seguridad de los supuestos en que podrán llevarse a cabo. La ambigüedad y la ausencia de salvaguardas de las normas que pretenden intervenir en nuestra vida privada es contraria a los máximos estándares de derechos humanos. En el caso concreto, las disposiciones de la LFTR que regulan la geolocalización móvil y el acceso a los datos personales retenidos propician que la autoridad haga uso de estos mecanismos en un amplio margen de discrecionalidad y no contemplan el control judicial que podría determinar la idoneidad de la medida ni nos brindan la posibilidad de conocer si alguna instancia de seguridad nacional o de procuración de justicia se encuentra rastreando nuestras comunicaciones. Igualmente, resulta preocupante que la LFRT remita constantemente a “los términos que establezcan otras leyes” para determinar el uso de la geolocalización y el acceso a datos retenidos, sobre todo cuando otras leyes pueden resultar tan vagas y ambiguas como lo deseen. Por ejemplo, y tal y como hoy está planteado en la ley de Seguridad Nacional, no sabemos si las instancias de seguridad nacional accederán a nuestros datos personales para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano” o “para preservar la democracia”, lo que sea que eso signifique.
Esperemos que el IFAI no se sume a la lista de autoridades que han ignorado a la sociedad civil durante la discusión de las leyes en telecomunicaciones y radiodifusión. Existen suficientes argumentos para que el IFAI haga uso de su reciente facultad constitucional para impugnar una ley que atenta contra nuestra vida privada. La ambigüedad de la norma y la ausencia de salvaguardas como el control judicial, la notificación del usuario o la transparencia estadística de las investigaciones en curso, propician que la vigilancia de las comunicaciones se lleven a cabo en contra de los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Al final del día, la crisis de seguridad que vive el país podrá resolverse en la medida en que en que los y las ciudadanas contemos con más herramientas para vigilar las acciones de nuestros gobernantes, no al revés.
Iván Benumea Gómez
