Llaman al gobierno mexicano a acotar el modelo fósil, no impulsar el fracking y dar un viraje decidido hacia la transición energética

No más combustibles fósiles: México debe marcar el rumbo

Las organizaciones sociales firmantes reconocemos que la salida de los combustibles fósiles ha dejado de ser una opción y se presenta como una urgencia histórica ineludible. En el actual contexto de crisis climática global y reconfiguración geopolítica del sistema energético, México se encuentra ante una decisión estructural: profundizar un modelo fósil que evidencia signos claros de agotamiento o asumir un liderazgo decidido hacia una transición energética justa, ordenada y basada en derechos humanos. 

La evidencia científica acumulada muestra que el régimen energético vigente ha alcanzado límites geológicos, económicos, sociales y ambientales. La creciente dependencia al gas y el declive sostenido de la producción petrolera no solo cuestionan su viabilidad, sino que exponen la fragilidad de un modelo que compromete la seguridad energética y profundiza desigualdades, en un contexto de alta dependencia fiscal de los ingresos fósiles. Persistir en esta trayectoria implica sostener un sistema que externaliza costos hacia los territorios y las poblaciones más vulnerables, reproduciendo formas de injusticia ambiental y social. 

En este escenario, resulta imprescindible que el Estado mexicano asuma una responsabilidad histórica acorde con la magnitud del desafío. Esto implica adoptar una posición clara en el ámbito internacional, incluyendo la adhesión al Tratado sobre Combustibles Fósiles y el respaldo a iniciativas clave de descarbonización y reducción de emisiones de metano. No hay margen para ambigüedades: se requiere una hoja de ruta vinculante para la salida de los combustibles fósiles, con metas precisas, plazos definidos y mecanismos efectivos de implementación y rendición de cuentas, sustentada en evidencia científica y de impacto social y en la coherencia entre políticas públicas. 

La transición energética exige, además, la articulación de la política energética con la política climática y económica. La actual desconexión entre estos ámbitos debilita la viabilidad de largo plazo y contradice principios básicos de justicia intergeneracional. No puede considerarse desarrollo a un modelo que sacrifica la vida, la salud y los equilibrios territoriales en función de beneficios de corto plazo. En este sentido, la transformación del sistema energético debe orientarse hacia esquemas democráticos, descentralizados y participativos. 

Empresas públicas como CFE y PEMEX tienen un papel estratégico en este proceso. Su integración plena en la transición implica reorientar sus funciones hacia la sostenibilidad, la diversificación energética y la garantía de derechos, superando su histórica dependencia de los combustibles fósiles. Esta transformación requiere una planificación estratégica que tenga en cuenta los riesgos fiscales y de activos varados, y debe ir acompañada del reconocimiento de las deudas socioambientales acumuladas, mediante mecanismos de reparación integral que atiendan los daños producidos en territorios y comunidades. 

Una transición justa no puede prescindir de las y los trabajadores del sector energético, ni de las regiones y territorios que dependen de las actividades extractivas. Es fundamental garantizar procesos de reconversión laboral digna, fortaleciendo capacidades estatales y asegurando condiciones de empleo justas. Al mismo tiempo, resulta necesario rechazar narrativas que prolongan la dependencia fósil, como la promoción del gas mediante fracking como supuesto combustible de transición, dado su impacto ambiental y su función en la expansión del modelo vigente y su potencial para bloquear inversiones en alternativas.  

La construcción de una nueva gobernanza energética debe basarse en la participación efectiva de la sociedad, asegurando transparencia, acceso a la información y mecanismos vinculantes de decisión. Asimismo, la viabilidad de la transición depende de una asignación suficiente y clara de recursos públicos, junto con reformas fiscales que permitan financiarla con criterios de equidad y justicia. 

Finalmente, la transición energética debe situar en el centro la defensa del territorio, del agua y de la vida. No hay soberanía sin pueblo ni sin territorio. Insistir en un modelo basado en el despojo y la destrucción compromete el futuro. La ruptura con el modelo fósil no es solo una necesidad técnica o ambiental, sino una condición para la justicia social y la posibilidad misma de un porvenir común.