Como se estableció en el documento fundacional de las Naciones Unidas, los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Un componente fundamental del mismo es la soberanía de los países sobre sus riquezas y recursos naturales, elemento plasmado en forma de derecho en el artículo primero del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Para el caso del petróleo en México, estos principios están contemplados en el artículo 27 de la Constitución; el cual establece que corresponde a la nación el dominio directo de este recurso estratégico. Para la explotación del petróleo en nombre de la población, se creó en 1938 a Petróleos Mexicanos (PEMEX), entidad pública encargada de esta actividad.
Ahora bien, como indica el derecho internacional, dicha soberanía “debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo”. En este sentido, el Estado tiene la obligación de asegurar que la explotación del petróleo responda a las necesidades de la población y al cumplimiento de sus derechos. Es necesaria entonces una política pública integral y coordinada que contemple los diferentes sectores afectados por la actividad petrolera y en la que participen las instituciones involucradas, entra las cuales se encuentra PEMEX. Esta política debe tener como meta última el logro del bienestar multidimensional –social, laboral, ambiental y cultural, entre otros- de la población mexicana.
Para que estas condiciones sean cumplidas no es suficiente con que una parte o la mayoría de la población se vea beneficiada por la explotación del petróleo –en principio, podría afirmarse que así ocurre actualmente, ya que más del 30% de los recursos que se utilizan para financiar la política pública en México provienen de esta fuente-. Ello se debe a que esta actividad, por su propia naturaleza, viene acompañada de fuertes impactos allí donde se desarrolla.
Es así que el Estado no sólo debe repartir equitativamente los beneficios que se generan sino, al mismo tiempo, implementar acciones enfocadas a prevenir la contaminación y los daños y accidentes inherentes a esta actividad. Y, en los casos donde la prevención sea imposible debido a causas fortuitas, llevar a cabo acciones para la remediación ambiental y la adecuada compensación a las personas afectadas.
Sin embargo, numerosas comunidades de los estados petroleros –como son Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas– son la dolorosa prueba de que el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades y con las obligaciones que establece el derecho internacional y la propia Constitución. Estas comunidades, situadas en la cercanía de proyectos de extracción o de procesamiento –refinación y petroquímica- de petróleo, o de ductos por donde se transporta este material, ven como día a día se les violentan sus derechos. Entre otros, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la información, a la protección, a la consulta –en el caso de comunidades indígenas- y, en las ocasiones más extremas, a la vida.
Los proyectos petroleros rara vez benefician directamente a estas comunidades pues no generan empleo para sus habitantes o, en los pocos en que lo hacen, éste es de muy baja calidad. Al contrario, como consecuencia de la contaminación, se afectan sus medios de vida –como la agricultura, la ganadería y la pesca- con el consecuente impacto para su bolsillo. Además, en ocasiones, estos proyectos requieren el desplazamiento de la población a otros lugares donde deben comenzar de cero, sin compensaciones justas a la luz de las grandes ganancias que estos generarán.
Si la lógica, presente en la Constitución, es que la explotación de los recursos debe hacerse con base en los intereses nacionales, no se entiende que no se estén tomando medidas para hacer frente a las afectaciones descritas. No es admisible que una parte de la población esté subsidiando a costa de su bienestar un gasto público que, en muchos casos, ni siquiera se destina a cubrir sus necesidades y al cumplimiento de sus derechos -esto debido a la mala gestión que del mismo hacen lo diferentes niveles de gobierno-. El Estado tiene una deuda con estas personas y una obligación que cumplir: asegurar que la explotación del petróleo se haga en beneficio de toda la población, sin excepciones.
Aroa de la Fuente
