En nuestro país, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es todavía un desafío. En 2024, 24 millones de mujeres no tenía acceso a ningún sistema de salud público (INEGI 2025). El embarazo adolescente no planificado prevalece, con una tasa de 50.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, y en 763 municipios (31% del total del país) la tasa supera la media nacional, con rangos entre los 67.19 y 248.14 nacimientos (INMUJERES, SEGOB y CONAPO. 2025).
En los últimos cinco años el 31% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea reportó haber vivido tratos de crueldad, dureza y/o desconsideración por parte del personal de salud. Mientras que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México en 2025 fue de 25 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, muertes que –en su mayoría– son evitables cuando hay acceso oportuno a servicios de salud de calidad (SSA. 2025). La mayoría de estos indicadores se agravan en mujeres en situación de pobreza, indígenas o afromexicanas, migrantes, habitantes de zonas rurales, jornaleras, etc.
Dadas las brechas que las mujeres aún enfrentan en el acceso a la salud y particularmente la salud sexual y reproductiva (SSyR), es importante que desde el Estado mexicano se diseñen políticas y acciones específicas dirigidas a ellas, que reconozcan sus necesidades e impactos diferenciados y que éstas cuenten con recursos suficientes que permitan su implementación y materialización efectiva. En México, desde el 2008, como resultado del trabajo conjunto entre organizaciones de mujeres y personas funcionarias públicas, existe el Anexo Transversal 13, que es una herramienta de transparencia presupuestaria que permite conocer los programas y acciones que el gobierno está implementando para lograr la igualdad sustantiva y los recursos que les está asignando.
Para 2026, el Anexo 13 reporta que el gobierno federal destinará más de 599 mil millones de pesos para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de los cuales sólo $6, 490 millones de pesos (1.08% del total) se reportan específicamente para garantizar la SSyR de las mujeres. Este monto proviene de siete instituciones: 1) IMSS BIENESTAR, el cual gastará en 2026 $4,176 millones de pesos en promover la salud materna de mujeres en situación de vulnerabilidad mediante programas educativos que fomenten la prevención de la violencia y fortalezcan su bienestar integral; 2) Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la SSA gastará $2,033 millones de pesos en implementar el programa presupuestario “Política de salud materna sexual y reproductiva”; 3) Instituto Nacional de Cancerología le asignará $214 millones; 4) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas $16.2 millones 5) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán $2.4 millones, 6) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz sólo $65,000 pesos, y 7) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa asignará 46 millones de pesos.
A excepción del IMSS BIENESTAR que reporta una acción en salud materna, el resto de las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, ISSFAM o Servicios de Salud de Pemex no están reportando o transparentando el porcentaje de recursos que destinan para garantizar la SSyR de las niñas, adolescentes y mujeres derechohabientes. Lo anterior significa que, aún con la existencia del Anexo 13 como herramienta de transparencia presupuestaria, hoy en día, no es posible conocer la totalidad de los recursos que las distintas instituciones de salud pública federales están asignando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres y si estos son suficientes y progresivos.
Al ser la salud sexual y reproductiva de las mujeres una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, al estar dentro de los 100 compromisos, parece pertinente que –de nueva cuenta y como hace más de veinte años– las organizaciones de mujeres y las personas funcionarias del gobierno vuelvan a dialogar sobre cómo fortalecer el Anexo 13 para que este instrumento permita visibilizar la asignación total de recursos para SSyR en el país y sus impactos. Lamentablemente, como dice el dicho, lo que no se conoce, no se puede medir, monitorear y menos mejorar. Avancemos en asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos como una forma de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
#SinRecursosNoHayDerechosSexualesyReproductivos
