El Plan Sectorial de Salud 2013 – 2018 (PROSESA) establece como una estrategia rectora Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables. Esta estrategia plantea acciones concretas como: campañas de comunicación sobre salud sexual y reproductiva, prevenir el embarazo en adolescentes, una educación integral a nivel básico y medio superior de la sexualidad y promover la salud sexual y reproductiva responsable.
Asimismo, hace énfasis sobre la importancia de la prevención asegurar la detección y tratamiento oportuno del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos, incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres, incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la transmisión de madre a hija/o del VIH y sífilis congénita.
Finalmente, establece fomentar un embarazo saludable, un parto y puerperio seguros; así como fomentar la lactancia materna a través de acciones que contribuyan a incrementar la duración y el apego.
El Estado tiene la obligación de garantizar todo lo anterior y de implementar políticas públicas para asegurar el acceso real a toda la población. Para ello, la actual administración debe regular y vigilar su desarrollo en instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR, además de en los 32 servicios estatales de salud. También, en todas las dependencias públicas involucradas en su cumplimiento, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), SEDESOL y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Éste último bajo el mandato de guiar y vigilar el avance efectivo de políticas públicas orientadas a eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, y velar por el cumplimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Para su eficiente funcionamiento, todas estas instituciones de gobierno deben contar con un presupuesto suficiente para su gestión y por ende el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es clave.
Es destacable que varios de los contenidos del PROSESA, son retomados de las propuestas hechas por organizaciones y académicas feministas. No obstante, desde la sociedad civil existen preocupaciones.
Al revisar las acciones de la estrategia denominada: Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables, es indiscutible que la promoción, disponibilidad y ofrecimiento de anticonceptivos es un insumo fundamental para su cumplimiento. Sin embargo, apesar de su importancia, no están claros los mecanismos de implementación, seguimiento y rendición de cuentas en materia de anticonceptivos y en su incorporación en los programas específicos para atención en salud sexual y salud reproductiva.
A la fecha, existen claras omisiones en la falta de publicación de programas de planificación familiar y anticoncepción; salud sexual y reproductiva de adolescentes; salud materna perinatal, del VIH, SIDA e ITS, prevención y atención a la violencia; entre otros que son urgentes y que ante su ausencia surgen preguntas evidentes.
¿Cómo se definió entonces el presupuesto para el soporte de estas acciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014? Muchos elementos de la implementación del PROSESA quedan débiles ¿Dichos programas se publicarán en tiempo para incorporarse al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015? Si no es así, ¿qué pasa? ¿cómo se fortalecerán? ¿cómo se medirán y rendirán cuentas a la población que se les prometieron dichos servicios?
La sociedad civil espera respuestas a estas preguntas.
