México a 8 de octubre de 2025.– Más de 140 organizaciones y personas mostramos preocupación porque el Proyecto de Presupuesto 2026 no contempla aumentos sustanciales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas que deciden gestar. Las cifras de mortalidad materna, así como de embarazo adolescente no planificado, la falta de acceso a métodos antifecundativos, la violencia obstétrica y la criminalización por ejercer el derecho a decidir, siguen siendo altas. Estas cifras muestran brechas persistentes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SSyR), que impactan de manera diferenciada y con mayor fuerza a mujeres con menor escolaridad, con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, así como a aquellas en situación de pobreza o que habitan en zonas rurales.
México tiene un sistema de salud público desfinanciado y fragmentado. La fragmentación se traduce en que cada institución, entre ellas, el IMSS, IMSS-BIENESTAR e ISSSTE, recibe, ejerce y rinde cuentas sobre los recursos para SSyR de forma distinta, lo que dificulta conocer la totalidad de recursos que se destinan para SSyR y poder valorar su suficiencia y progresividad. Esto, a pesar de que existen herramientas de transparencia presupuestaria como el Anexo 13, que visibiliza los recursos destinados a disminuir las brechas entre mujeres y hombres.
Y los dos Ramos que sí se pueden rastrear desde el Presupuesto, el 12 y 33, muestran que los recursos para SSyR han sido fluctuantes y muy bajos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de más de 34 millones de mujeres y personas que deciden gestar que acceden al IMSS BIENESTAR en 23 estados y en los sistemas estatales restantes.
El Programa Presupuestario “Política Salud Materna Sexual y Reproductiva” (P029) del Ramo 12 tendrá en 2026 $2,991 millones de pesos (mdp) para todo el país, cifra apenas 0.3% mayor que en 2025 y 15% menor a la de 2019, que fue de $3,521 mdp. Así, en 2026, este Programa tendrá menos recursos que hace siete años.
Este bajo gasto impacta también en la garantía de derechos a nivel local. Por ejemplo, en Oaxaca, en 2024, se destinó un monto de sólo $757,065 pesos del Ramo 12 para aborto seguro, cantidad insuficiente para cubrir el acceso para más de 1.2 millones de mujeres que habitan en el estado. Por ello, el acceso a un régimen farmacológico combinado o AMEU, como se estipula en el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro, es materialmente imposible con este monto.
El vínculo entre el bajo gasto y el acceso se evidencia en campo. En un monitoreo realizado por Mano Vuelta en 2023 para identificar el acceso al aborto en unidades de salud y clínicas comunitarias, las juventudes refirieron que no recibían este servicio por falta de personal capacitado, medicamentos e insumos requeridos para el procedimiento, además de que tampoco se contaba con la infraestructura necesaria.
En cuanto al gasto para SSyR del Ramo 33, en 2025 ascendió a $1,633 mdp, monto insuficiente para fortalecer los servicios de salud de su población objetivo de más de 34 millones de mujeres y personas que deciden gestar.
Al bajo gasto, se suman los recortes que el Poder Ejecutivo realiza en el año a los recursos previamente aprobados por el Legislativo. En 2023 y 2024, el Ejecutivo redujo los recursos del Programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva en 64% y 45% respectivamente, a pesar de la prohibición establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto a reducir los montos dirigidos a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Llamamos la atención respecto a que, si se mantiene la asignación planteada para SSyR del Proyecto de Presupuesto 2026, habrá una afectación en el acceso, la disponibilidad, calidad y aceptabilidad de los servicios.
Garantizar una verdadera justicia reproductiva implica que la asignación de fondos etiquetados y su fiscalización se realice considerando las necesidades de las usuarias y las barreras y brechas que enfrentan en el acceso, así como los avances legales que ha habido (por ejemplo, la despenalización del aborto en 23 entidades federativas).
Por ello, en el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto 2026 y de los ejercicios de Parlamento Abierto que la Cámara de Diputados está realizando, instamos al Poder Legislativo a:
- Asignar presupuestos progresivos y suficientes que permitan implementar políticas de salud sexual y reproductiva con enfoque de género, intercultural e interseccional, que garanticen a las mujeres y personas que deciden gestar vivir con plenitud y en condiciones dignas. Como mínimo, urgimos a que los recursos del P029 se incrementen 15% para recuperar el monto de 2019.
- Garantizar que la Cámara de Diputados ejerza, durante todo el año, sus funciones de control y fiscalización hacia el Poder Ejecutivo, evitando recortes presupuestarios que pueden impactar aún más en la garantía de derechos.
- Favorecer ejercicios de transparencia en el gasto público de SSyR por todas las instituciones de salud, que permitan un seguimiento y monitoreo por parte de la ciudadanía.
Las organizaciones y personas firmantes, exigimos un presupuesto que refleje el compromiso real con nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Descarga aquí el comunicado con las firmas.
