La reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una amplía negociación entre las principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, durante su discusión se atendieron las observaciones y recomendaciones que se hicieron desde varias organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, uno de los cambios más significativos que se propusieron y aprobaron fue darle la facultad a la Auditoria Superior de la Federación de fiscalizar las participaciones federales. Las participaciones son recursos “no etiquetados”, que los gobernadores pueden gastar como quieran, sin rendir cuentas a la federación, ni a la población. En 2015 el monto de las participaciones sumó más de 490 mil millones de pesos.
Se puede afirmar que los gobiernos locales dependen presupuestalmente de las transferencias federales, las cuales comúnmente representan el 90% o más del gasto público local. En muchos de los estados del país no existen controles efectivos para el control del gasto. La Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2013, hace hincapié en que “la fiscalización, la transparencia y la sanción administrativa y penal, implementadas a nivel estatal, son herramientas que aún no han logrado incidir en la gestión de los gobiernos locales; esto explica, en parte, la recurrente identificación de desvíos y de utilización inadecuada de los recursos federales transferidos”.
Las participaciones actualmente no son auditables por la federación, esta fractura en el control del gasto se sustenta en una malentendida concepción de la soberanía de los estados y los municipios, que, bajo el argumento de la autonomía normativa han evitado que los recursos se auditen desde la federación. Esto resulta grave pues muchos gobernadores, con una discrecionalidad alarmante, han comprometido las participaciones de sus estados como garantía de pago de su deuda pública. Es de destacar que en general las deudas de los estados y municipios no se reflejan en el desarrollo del estado ni el bienestar de su población.
Poder realizar funciones de control y vigilancia en el manejo y destino de las participaciones federales implica un enorme paso en la rendición de cuentas, sobre todo ante la recurrencia preocupante de los gobiernos de los estados de garantizar el pago de la deuda con recursos provenientes de nuestros impuestos. Es común que los estados ni siquiera vean llegar las participaciones federales ya que por instrucciones de las tesorerías federal y las estatales se van directamente a un vehículo de pago, es decir a fideicomisos de garantía; donde se instruye que las participaciones se depositen directamente al banco acreedor de la deuda estatal a efecto de pagar el financiamiento.
Este es el escenario perfecto para que los gobernadores se endeuden por miles de millones y acaben su administración en medio de una apabullante y súbita riqueza personal mientras sus estados heredan deudas enormes, garantizadas con las participaciones federales, atrofiando así el desempeño de las administraciones futuras.
A finales de 2014 el monto total de la deuda de estados y municipios sumaba 509 mil millones de pesos; de los cuales 426 mil millones estaban garantizados con participaciones federales mediante fideicomisos. Algunos estados destinan casi el total de las transferencias federales no etiquetadas a cubrir pasivos financieros: Coahuila tiene comprometido el 90% de sus participaciones al pago de deuda; el Distrito Federal el 100%; el estado de México el 83%; Quintana Roo el 89%; San Luis Potosi el 92% y Sinaloa el 88% por mencionar algunos.
Los gobernadores en el marco de la discusión y aprobación del sistema nacional anticorrupción se han manifestado en contra de que la Auditoria Superior de la Federación pueda fiscalizar y coordinarse con las instancias de fiscalización locales. Su molestia es una clara señal de que la reforma constitucional los obligará a la transparencia y la rendición de cuentas respecto a las participaciones que reciben, su enojo nos muestra claramente que les pegaron donde más les duele.
La reforma tendrá que ratificarse en las legislaturas locales, no obstante a decir de los senadores muchos mandatarios acudieron a la Cámara Alta y movilizaron a los legisladores de sus estados a fin de eliminar del texto del proyecto la fiscalización de las participaciones.
Prácticamente el único avance legislativo que los candidatos de varios partidos políticos se apropian como un logro y enmarcan en banderas propagandísticas de cara al proceso electoral de 2015, es la reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción. Sin importar el color ni el prestigio lanzan campañas donde indistintamente señalan acusaciones francas de corrupción o sostienen el petulante orgullo de paternidad de un sistema que aún no nace. Así la corrupción y la promesa de enfrentarla parecen ser la melodía del flautista de Hamelin con la que buscan llevar al elector a las urnas. Cabe la esperanza que dentro del ánimo electorero, por lo menos en los 9 estados del país en los que se cambiará de Gobernador se votará a favor de la iniciativa.
Los políticos una vez más en ese ánimo romano de darnos pan y circo, han coincidido en mantener discursos elocuentes en contra de la corrupción y a favor de la rendición de cuentas. El Propio Presidente de México anunció a su subordinado Secretario de la Función Pública en medio de un escándalo de corrupción propiciado por el mismo mandatario, aderezó el acto administrativo con un bizarro discurso donde prometía castigar conflictos de interés similares al suyo, pues como bien se sabe a través de su esposa recibió de manos de un empresario al menos un financiamiento para comprar una lujosa residencia en condiciones muy favorables en comparación con el mercado crediticio, dicho empresario se ha beneficiado con miles de millones de pesos adjudicados en las administraciones de Peña Nieto, tanto siendo titular del ejecutivo federal y como cuando fue gobernador el Estado de México.
“Ya sé que no aplauden” dijo el Presidente después de anunciar actos contundentes contra la corrupción, actos que dicho sea de paso lo blindaron y eximieron de cualquier responsabilidad. Los gobernadores tampoco aplauden que les fiscalicen las participaciones, les espanta, les duele, esa es la mejor señal de que vamos bien.
