Duele Ayotzinapa. Duelen las 6 personas privadas de la vida y duelen los 43 normalistas desaparecidos. Duele también, aunque por obvias razones de otra forma, que haya personas de destacada trayectoria periodística que califican a los normalistas y los movimientos sociales que los apoyan, como “profesionales de la violencia”. A esto yo lo califico como criminalización de la protesta social, un fenómeno cada vez más común en nuestra sociedad clasista, y que impone un terrible estigma social a las personas que levantan la voz en contra de los escalofriantes niveles de desigualdad e impunidad en el país; peor aun cuando se trata de sectores de la población históricamente más vulnerables, como lo son las poblaciones indígenas y rurales.
Dice el analista al que hago referencia en el párrafo anterior, que a los maestros normalistas que vandalizaron las oficinas del PRI, PAN, PRD y MC el 24 de abril de 2013 “lo último que les preocupa es la educación, los niños y el futuro de los maestros”. Me pregunto de dónde sabe él, qué es lo que realmente les preocupa a estas personas.
Yo tampoco sé con certeza lo que les preocupa realmente a los maestros y estudiantes normalistas. Porque no he hablado con ellos. Pero me puedo dar una idea sobre lo que les preocupa leyendo testimonios y adentrándome en la idiosincrasia de este movimiento rural, es decir haciendo un poco de investigación periodística.
Las escuelas normales se remiten a un ambicioso proyecto educativo que surgió durante la revolución mexicana de 1910 para transformar la vida de los campesinos a través de la expansión masiva de escuelas rurales y posteriormente se convirtieron en símbolos de la lucha para el derecho a la educación para los pobres. En las regiones más marginadas del país, que históricamente han vivido en la desigualdad, pretendían formar maestros con compromiso político que abogaran por un sistema más democrático y más equitativo. Este compromiso, para los normalistas también implica organizarse en torno a su propio quehacer institucional, quiere decir: que recaudan fondos para su proyecto educativo, exigen al gobierno fondos para mejorar los servicios e instalaciones de sus escuelas, y también exigen la existencia de plazas para maestros egresados para ampliar la matrícula de estudiantes.
Sobre todo en Guerrero, pero también en otros estados de la República, el movimiento normalista tradicionalmente ha sido reprimido por parte del Estado. El 12 de diciembre de 2011 durante una manifestación de normalistas en Chilpancingo, fuerzas de seguridad mataron a dos estudiantes, además hubo 50 detenciones y varios lesionados. Ahora en Iguala: 6 muertos y 43 desaparecidos.
Me parece una falta de respeto frente a los familiares de estos jóvenes, hablar en este contexto de “profesionales de la violencia” aunque la expresión no fue directamente utilizado en torno a los normalistas de Ayotzinapa. Pero el simple hecho de mencionarlo en este contexto dada la coyuntura actual, parece una falta de respeto porque criminaliza a grupos y movimiento enteros.
Como bien dice un maestro de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) entrevistado por una colega de Fundar, Centro de Análisis e Investigación: Si a los normalistas que se fueron a Iguala a hacer un boteo los reciben con balas, entonces la muerte de los estudiantes es un mensaje para todos los movimientos sociales en Guerrero y en el país.
Y por si todavía a alguien le queda alguna duda de si a los normalistas les interesa la educación, los niños y el futuro de los maestros o no, qué le parece lo que dice un alumno de la normal de Tlapa, Guerrero entrevistado por la misma persona: Yo nací para ser maestro. Mi mamá estudió en la normal Rafael Ramírez en Chilpancingo. Desde niño me llamó la atención la creatividad del maestro para motivar a los niños. Me gustó mucho la curiosidad que requiere ser maestro. Salí del bachillerato cuando se dieron las reformas educativas el año pasado. Sé que ya no hay plazas, que va a ser difícil conseguir trabajo, pero no quiero dejar mi sueño. Ahora por lo que luchamos es por un trabajo digno.”
Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación hemos exigido que se realice la investigación con la debida diligencia, que se esclarezcan los hechos, que se determinen y procesen los responsables, y que se garantice el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia. A la exigencia de que “Los queremos vivos” entonces se sumaría “y sin que los criminalicen”.
