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Más seguridad, ¿menos derechos?

Tal como se establece en el contenido de nuestra Carta Magna, cada año el Ejecutivo Federal debe entregar al Congreso de la Unión su Informe anual de gobierno. Si bien en teoría el propósito del mismo es “dar cuenta del estado que guarda la administración pública”, este también habría de constituirse como un eje nodal para la transparencia, la información pública y la rendición de cuentas –hacia el propio gobierno pero principalmente, hacia la ciudadanía.

Uno de los temas que mayor relevancia ha cobrado en el contexto nacional –y que por tanto, no podía estar ausente en el IV Informe de Gobierno–, es sin duda el de la seguridad (para mayor referencia, te invito a visitar el portal electrónico oficial: www.informe.gob.mx). Se trata de un tema que, no obstante el tratamiento que le da el propio mandatario, es central en el sentido de que pone en juego y evidencia la capacidad del Estado para cumplir con una de sus funciones básicas. La seguridad exige políticas responsables –y soluciones efectivas– para proteger el ejercicio de derechos y libertades de todas las personas.

De vuelta al marco de la presentación del Informe de Gobierno, el mensaje sobre seguridad que el mandatario mexicano presentó, nos debiera preocupar como sociedad en el sentido de que pone de relieve una perspectiva –quizás muy simple– de la problemática de seguridad y como consecuencia, de sus posibles soluciones:

i. El presidente Calderón nos presenta de nueva cuenta un escenario de “combate frontal”, donde uno de sus principales componentes es la realización de operativos conjuntos –que implican el involucramiento de las fuerzas armadas y de la policía federal– para apoyar a los gobiernos estatales y municipales en esta lucha. Sin embargo, cabe señalar que desde esta perspectiva “de implantar el orden por el orden” jamás hace un ejercicio honesto de cara a los posibles impactos y consecuencias que ha tenido la presencia de estos efectivos para la vida cotidiana y para el ejercicio de derechos. Basten como ejemplos los recientes casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cfr. Caso Inés Fernández Ortega; y, Caso Valentina Rosendo Cantú vs. México) donde el Estado mexicano es señalado como autor de graves violaciones en las que se encuentran involucrados efectivos militares –cuya presencia se inscribe, dentro del marco de las políticas de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el estado de Guerrero.

ii. Otra preocupación parte de la lógica desde la que se formulan algunas soluciones para el combate al crimen organizado porque plantean respuestas que en realidad sólo acarrean riesgos de mayor violencia e inseguridad para la ciudadanía. Esta política de combate a la delincuencia se concentra casi exclusivamente en el control y profesionalización de las instituciones de seguridad, y no logra articularse en una respuesta consistente que atienda otros elementos de esta misma problemática. La ejecución de los 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas muestra una cara de esta problemática ya que evidencia también la vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran estos hombres, mujeres y niños por la falta de una política pública integral, que favorezca su reconocimiento y demande el respeto de sus derechos fundamentales.

Desde Fundar nos preocupa, que el mandatario no acabe de comprender cómo la ciudadanía se puede convertir en una poderosa herramienta integradora, que co/opere contra el delito pero sin producir mayor violencia, inseguridad ni exclusión.

Miguel Moguel