El Paquete Económico 2027 prevé un déficit que ronda el 3.4% del PIB. En ese contexto, se han hecho múltiples esfuerzos para atraer la inversión: 1) en el marco del Plan México, se creó una ventanilla única con el fin de reducir el tiempo para invertir de 2.6 a 1 año. 2) Se aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y 3) hubo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin embargo, estas acciones a fin de ampliar las capacidades para financiar servicios públicos, garantizar derechos humanos y realizar obras de infraestructura se ven mermados si no se atiende la fuga de recursos que la corrupción genera a las finanzas públicas. El control de la corrupción no es un asunto separado de la política económica. Tan solo las pérdidas por huachicol fiscal rondan los 600 mil mdp. Al tiempo que solo se distribuye 2.35% del presupuesto anticorrupción a instituciones clave para garantizar el acceso a la información e investigar penalmente irregularidades. Esto deja una interrogante ¿cuánto puede realmente avanzar el gobierno en ampliar su gasto si una parte importante está expuesta a riesgos de corrupción y las instituciones clave para disminuirla tienen recursos limitados?
Transparencia para el Pueblo
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) dice que “asumió plenamente la responsabilidad de garantizar la transparencia y proteger los datos personales. Sin derroches ni lujos, opera con un 52% del costo del extinto INAI, logrando ahorros anuales superiores a 500 mdp”[1]. La realidad es que opera con sólo 2.6% del presupuesto con el que contaba el INAI que era en promedio de 1,000 mdp por año. Para 2027, Transparencia para el Pueblo únicamente obtendrá recursos por 27 mdp mostrando que los avances logrados para desmantelar la cultura del secreto, hoy se ven mermados también por las asignaciones presupuestales raquíticas.
El nuevo modelo de acceso a la información ya ha mostrado resultados poco favorables: en el Congreso, de 275 inconformidades emitidas por la ciudadanía, ninguna ha tenido una resolución favorable (Gallegos, 2026) [2]. Otros temas como el de las fosas clandestinas, de alto interés público ante la crisis de derechos humanos, también han mostrado retrocesos. Según Artículo 19 las respuestas deficientes se incrementaron de 27.3 a 39.3% (Artículo 19, 2026).
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sigue con escaso presupuesto, mantiene un desempeño limitado frente a la alta incidencia de corrupción. En 2025, la FECC contaba con 212 integrantes e inició 677 carpetas de investigación. A estas se suman las que tenía pendientes de determinar en 2024 que corresponden a 2,700. Aunque algunas ya se judicializaron, aún queda un rezago de 2,384 por atender.
Pese a que la Fiscalía reportó un aumento de 31% en la productividad para determinar carpetas [3], persisten importantes desafíos en capacidad de respuesta, que pueden estar estrechamente vinculados con la falta de suficiencia de recursos presupuestarios. Su presupuesto representa menos del 1% del total que recibe la Fiscalía General de la República. De aprobarse el PPEF 2027 sin modificaciones esta instancia únicamente recibirá 173 mdp, una reducción de 4.76% (-8 mdp) respecto de 2026.
Tendencia del presupuesto anticorrupción
El presupuesto total para las instituciones anticorrupción en el PPEF 2027 es de 8,534 mdp y presenta una disminución de 0.8% respecto a 2026. La tendencia general es de reducción, cuatro de seis instituciones presentarán decrementos, el más pronunciado es el de la FECC por 4.8%. La Auditoría Superior de la Federación y la SABG presentan ligeras reducciones de menos del 1%. Y, finalmente, solo Transparencia para el Pueblo y la Sesna tienen aumentos mínimos por 5.8% y 1%, respectivamente.
La política anticorrupción es la agenda pendiente del gobierno anterior y actual de la Cuarta Transformación. De manera recurrente surgen casos e irregularidades que involucran a actores políticos de distintos partidos, niveles de gobierno e instituciones de la administración pública. La multiplicidad de casos evidencia una problemática de carácter estructural que se materializa en la institucionalización de la corrupción en distintos niveles y poderes del Estado. En este contexto, la clase política mexicana enfrenta un dilema, avanzar hacia una política que investigue y sancione la corrupción sin distinción partidista con recursos suficientes, aun cuando ello implique asumir costos políticos, o mantener las condiciones que han permitido la persistencia de la impunidad en México. La asignación del presupuesto para estas instancias sin duda será una de las piezas clave para materializar y empujar o no esta agenda.
