La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia el 153 periodo de sesiones del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014 en su sede en Washington, DC. En este periodo, se tiene previsto llevar a cabo audiencias públicas sobre la situación general de los derechos humanos en la región de América Latina, identificando algunos aspectos que han generado graves violaciones a los mismos. Organizaciones de la Sociedad Civil del continente americano estarán participando en estos espacios para discutir la situación de derechos humanos que se vive en la región para lo cual diversos gobiernos han sido convocados a acudir a las mismas como una forma de interpelarlos y llamarlos a cuentas.
Cabe recordar que desde su creación en 1959, la (CIDH) ha cumplido su mandato de “promover la defensa de los derechos humanos en las Américas y ser un órgano consultivo en la materia” y junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) han logrado hacer visible las situaciones de graves violaciones a derechos humanos así como de monitorear los avances y/o retrocesos en los Estados.
En esta ocasión, las audiencias públicas previstas del 27 al 31 de octubre se enfocarán en analizar aspectos de preocupación actual en Estados de las Américas donde se han registrado graves violaciones de derechos humanos. La participación de México está registrada para el próximo jueves 30 de octubre.
En todo caso, queremos destacar que el gobierno de México solicitó un espacio para exponer el Programa Nacional de Derechos Humanos que fue publicado 30 de abril de este año. El Programa establece un muy breve diagnóstico de la situación de los derechos humanos en nuestro país, destacando las ineficiencias en ámbitos como la impartición de la justicia, la práctica generalizada de la tortura, la discriminación en el acceso de los derechos humanos y establece líneas de acción para, en teoría, atender dichos problemas. Si bien el Estado mexicano puede defender la creación de mecanismos de este tipo, dista mucho de arrojar resultados concretos o acciones específicas para fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos más allá del discurso oficial y de la postura gubernamental.
Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación solicitaron a la CIDH audiencias sobre algunas de las situaciones que dan pie a graves de violaciones a los derechos humanos: la criminalización de la protesta social; la impunidad de graves violaciones de derechos humanos; la guerra sucia, los delitos del pasado y la fallida fiscalía para investigarlos. De igual forma, se presentarán los impactos de megaproyectos en el patrimonio cultural, un tema de enorme trascendencia en el marco de la reforma energética y que han producido graves afectaciones a los derechos de pueblos indígenas.
En ese sentido, el llamado de estas organizaciones, muchas de las cuales han llevado la defensa de casos concretos o bien han brindado acompañamiento a las víctimas, es de visibilizar y contrastar el discurso del gobierno mexicano con la realidad que se vive en nuestro país; más aún frente a los gravísimos hechos ocurridos recientemente con la ejecución extrajudicial de más de 20 personas a manos del ejército ocurridos en Tlatlaya, Estado de México y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridos en Guerrero. Se requiere un ejercicio de honestidad y reflexión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial para dejar de simular el cumplimiento de los derechos humanos y llenar foros internacionales con discursos que distan de resultados concretos. La voz de la sociedad mexicana y de las víctimas tiene que ser escuchada en estos espacios.
