México ha pasado de ser un líder climático a un rezagado climático, así lo señala el reciente informe Una década de acción climática nacional de la organización Deep Decarbonization Pathways. Y es que esa afirmación la podríamos triangular con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año que se está discutiendo ahora mismo en las mesas de diálogo.
Y es que el anexo 16 Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático destina el 42% de su presupuesto a la Defensa Nacional para realizar actividades relacionadas con el Tren Maya, infraestructura en materia de seguridad nacional y defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional, acciones que siguen sin estar relacionadas con medidas para contrarrestar los impactos del cambio climático. Este rubro pasó del 19.04% en 2025 a 42% en este presupuesto de egresos. Mientras que para la instancia que protege y salvaguarda el medio ambiente, la Semarnat, sólo se asignaría un 4% del total del presupuesto. Es decir, a la Defensa Nacional se le estaría asignando un total de 88,839 millones de pesos mientras que a Semarnat se le asignaría 7,887 millones de pesos.
Si le seguimos echando lupa al presupuesto podemos ver que en este mismo anexo el programa de energía proyecta un monto asignado de 27, 215 millones de pesos. Asimismo, es importante señalar que este año se incorporaron nuevos programas de articulación e investigación de la política nuclear y eléctrica representando 573 millones de pesos, a pesar de que ya se ha documentado por académicos que no es una tecnología viable en términos económicos, tampoco es una fuente de energía segura y no permitiría mitigar significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por primera vez el Anexo incluye programas para la igualdad de género y bienestar integral para los pueblos indígenas, 95 y 33 millones de pesos que no se compara de cerca con los más de 27 mil millones de pesos que recibiría la Defensa Nacional.
Cabe señalar que en el ejercicio de 2025 se incluía el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y en este presupuesto fue totalmente eliminado del este Anexo. No contar con los recursos incrementa el impacto social, económico y ambiental de los desastres naturales, y que las perdidas puedan ser mayores y más difíciles de superar, pero, sobre todo, aumenta la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos, como está pasando con las recientes inundaciones.
En el Anexo 15 Recursos para la Estrategia de Transición Energética para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios el 49% de los recursos está concentrado en infraestructura, comunicaciones y transporte dirigido a fortalecer la infraestructura ferroviaria a través de mantenimiento que garantice mejor velocidad y optimización de recursos, y que podrían seguir siendo utilizados para el Tren Maya. Esto por sí sólo no descarbonizará la economía mexicana si no viene acompañado de medidas que desincentiven el uso del vehículo particular. Al igual que el Anexo 16 de cambio climático, se presupuestan recursos para regulación, supervisión, articulación de la política nuclear y eléctrica con un total de 282 millones de pesos.
Por otra parte, este año Pemex tiene un incremento significativo respecto a 2025, pasando de 38 millones de pesos a 1,318 millones de pesos [1]. Las acciones de este programa tendrán como objetivo rescatar la industria petroquímica de Pemex, especialmente para los complejos petroquímicos Morelos y Cangrejera, a través de inversión propia y proyectos mixtos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta industria depende de los combustibles fósiles y libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero por lo que no representa una asignación de recursos que garantice una transición energética.
Para lograr una transición energética justa y para que México sea un líder climático es necesario que los recursos públicos sean dirigidos a programas que propicien una transición hacia una economía baja en carbono, que se diseñen hojas de ruta responsables, viables y asequibles para el abandono de los combustibles fósiles y que protejan a las poblaciones más vulnerables. Así como asignar más recursos a las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental para poder hacerle frente a las exigencias que hoy nos pone el cambio climático.
Para priorizar la transición energética y la protección ambiental, el Estado no sólo debería incluir soluciones técnicas y el cambio de matriz energética, sino también debe poner límites a la mercantilización y explotación de nuestros recursos naturales para valorarlos como bien común de la población, escuchar las voces de las mujeres, las juventudes y las infancias, y las comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Sin recursos no se puede garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano.
