Este 2 y 3 de febrero se realizó la evaluación de México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la ONU que es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento por los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicha Convención establece que la desaparición forzada debe ser considerada como un crimen de lesa humanidad y puntualiza las obligaciones de los Estados de prevenir, investigar, sancionar a los presuntos responsables; a garantizar los derechos de las víctimas; a promover la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, el derecho a la verdad y la reparación, entre otros.
Los Estados parte como México, tienen la obligación de presentar un informe inicial que muestre la situación y avances que en el ámbito interno se han desarrollado para eliminar las desapariciones tomando en cuenta la realidad que enfrenta un determinado país. La revisión del informe da a lugar a comentarios u “observaciones finales” del Comité con el fin de ayudar al Estado en la implementación de la Convención. Cabe destacar que durante el proceso de revisión se pueden incluir las voces de los protagonistas a través de las organizaciones de la sociedad civil y de familiares de personas desaparecidas que pueden hacer llegar información adicional al CED y puedan participar durante las sesiones, a través de los espacios establecidos para ello.
Las audiencias en las que participaron representantes del Estado mexicano junto con miembros del CED representa en si mismo un ejercicio de redición de cuentas necesario sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada en el actual contexto de grave crisis de derechos humanos, evidenciada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Por primera vez, el Comité evaluaría la situación de México en esta materia. Las observaciones finales que el CED publicará el 13 de febrero de 2015 permitirán establecer un diagnóstico sobre las medidas adoptadas por el Estado para eliminar esta práctica violatoria a los derechos humanos y que representa una gran oportunidad para conocer el verdadero compromiso del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos.
Más allá de la promulgación de leyes especiales, como la Ley general de Desaparición Forzada anunciada por la delegación mexicana durante la audiencia, se requiere la implementación de los mecanismos con lo que ya cuenta México para eliminar la situación de impunidad que prevalece en nuestro país. Basta recordar que durante la llamada “Guerra Sucia”, la práctica de desaparición forzada fue ejecutada por fuerzas de seguridad sin que hasta la fecha exista ningún tipo de investigación y sanción a los responsables.
En segundo lugar, fue posible constatar que el Estado Mexicano carece de datos que den cuenta del número de desaparecidos en nuestro país ya que actualmente mezcla datos de personas no localizadas y desaparecidas. Esto último motivó a algunos miembros del CED a solicitar al gobierno mexicano a llevar un registro global y sistemático sobre las personas desaparecidas. El registro de casos de personas desaparecidas permite visibilizar las víctimas y la existencia de esta terrible situación de derechos humanos en nuestro país.
Desde la sociedad civil organizada, seguiremos con atención las observaciones finales del CED así como las respuestas del Estado mexicano en este aspecto.
Cecilia Toledo
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