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México: una frontera para la humanidad

En la actualidad existen personas que no tienen un lugar en la tierra y con ello, una absoluta desprotección de sus derechos; son absolutamente prescindibles. Es el caso de las 71 personas guatemaltecas desalojados violentamente del ejido Nuevo Progreso, en el municipios de Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero por agentes de diversas instancias gubernamentales, que incluían al Instituto Nacional del Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En América Latina y el Caribe, la migración tiene un rostro desolador: año con año, hombres, mujeres, jóvenes y niños/as son forzados a abandonar sus hogares por razones económicas o bien para buscar refugio como consecuencia de catástrofes humanas, conflictos armados, persecución o violencia extrema. Paradójicamente, el refugio a personas centroamericanas fue un capítulo de especial relevancia en la historia contemporánea de nuestro país. A lo largo de tres décadas, México abrió las puertas a personas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador que buscaban refugio dada la grave situación de violencia que prevaleció en sus países hasta principios de la década de los 90.

En las declaraciones vertidas a propósito de los hechos en Tenosique –y en el discurso de las autoridades involucradas en el desalojo, donde al parecer participaron poco más de 300 agentes mayoritariamente del INM y de la PFP–, se constata la persistencia de una visión fragmentada en las instituciones y autoridades del Estado mexicano.

Por un lado, refieren a personas a quienes en teoría les son reconocidos sus derechos y garantizados los mecanismos jurídicos para su pleno ejercicio y debida protección (principalmente ciudadanos nacionales o personas con estatus migratorio regular). Por otro, personas quienes por carecer de este estatus no cuentan ni con el reconocimiento ni con las garantías mínimas para la protección de sus derechos. Este es el caso de las y los migrantes que llegan a o atraviesan nuestro país y a quienes, como resultado de esta última clasificación arbitraria, se les coloca en una situación todavía más grave de vulnerabilidad y discriminación.

El desalojo realizado en el municipio de Tenosique, Tabasco, muestra un Estado mexicano indiferente a cumplir con sus obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. El INM desmintió que la operación haya sido violenta y externó que durante la misma, prevaleció el respeto a los derechos humanos de las personas que ahí se encontraban.

Sin embargo, después de revisar las comunicaciones de las organizaciones de derechos humanos y escuchar los testimonios de algunas de las víctimas, más allá de las declaraciones oficiales en los medios, me surgen las siguientes preguntas: ¿por qué la necesidad de irrumpir a las cinco de la mañana para realizar una “revisión migratoria”? ¿Por qué la presencia de tan numeroso contingente de autoridades federales para dicha revisión? ¿Por qué la necesidad de plantear la repatriación “voluntaria” antes revisar las condiciones que los obligaron a salir de su país?

Desde mi perspectiva, un piso mínimo de respeto y protección a los derechos humanos obligaría al Estado mexicano a contar con políticas públicas efectivas para atender las necesidades de estos grupos. Las y los migrantes, nos guste o no, son parte del tejido social de México. Por ende, el Estado tiene que implementar acciones concretas y efectivas para garantizar y promover sus derechos humanos antes de percibirlos como un problema y en consecuencia, tratarlos como tal.

Miguel Moguel

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle15609.html