La semana pasada, a sólo unos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara oficialmente México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) llevó a cabo una gira de tres días por nuestro país. Al final de la misma dio un mensaje público que resultó poderoso y profundamente incisivo debido a su claridad y sencillez. Si se debe elegir un pasaje que sintetice el impacto que causó en el ACNUDH esta visita, me quedo con el siguiente:
El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave y, en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.
Y remató diciendo: “Nada de lo que hoy he dicho aquí será particularmente sorprendente para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, y especialmente no para aquellas personas más pobres y marginalizadas”. Efectivamente, cualquier persona que haya experimentado la impotencia que genera la injusticia y la impunidad en este país, entenderá sin problemas de lo que habla el Alto Comisionado.
Nunca como hoy había existido un cuerpo tan robusto de normas que reiteran que todas las personas tenemos derechos y que ante la injustica nos asiste la razón. Sin embargo, también nunca como hoy la brecha entre esas palabras y los hechos es tan palpable; y quizá nunca como hoy la sensación de desesperanza ha parecido tan insuperable. Es cierto, el ACNUDH no nos dijo nada nuevo, pero ante este desolador panorama, su mensaje nos deja la sensación de que la apuesta por la denuncia y observación internacionales aún tienen algo qué ofrecernos.
Las visitas del ACNUDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron una sinergia perfecta. La cercanía entre ellas impidió que el Estado mexicano pudiera sostener su postura inicial de refracción a la crítica y sus mensajes públicos demuestran que los organismos internacionales han empezado a entender que el patrón de violaciones a los derechos humanos y la impunidad crónica no son ya, en lo general, un problema derivado de la falta de capacidades o de un andamiaje institucional y legal acorde a los instrumentos internacionales. Se trata esencialmente de un problema de voluntad. Dentro y fuera del gobierno, existen actores a quienes beneficia este estado de cosas.
Quiénes y cómo se benefician de la perpetuación de la corrupción, la impunidad y la desigualdad es la pregunta básica a responder ahora. Cualquier intento serio por salir del espiral de violencia, miedo e impunidad en que estamos inmersos debe responder a esto y generar consecuencias concretas, legales y políticas. Pareciera algo muy básico, hasta surge el temor al lugar común, pero debe decirse literalmente: en un país donde ha sido posible que 26 mil personas desaparezcan sin más, altos funcionarios deben estar en la cárcel.
Para el ACNUDH y la CIDH ha quedado claro que la supuesta apertura de México al escrutinio externo y su liderazgo ante las iniciativas más progresistas en materia de derechos humanos a nivel internacional, no fueron más que el telón de fondo de una política que osciló entre la simulación y la autocomplacencia por cerca de 20 años. Por su naturaleza, los organismos internacionales no podrán abandonar el lenguaje de la diplomacia, pero para poner fin a esa oscilación deberán perseverar en posturas contundentes, que exijan resultados concretos que hagan palpable la justicia, más allá de nuevas leyes, instituciones o programas públicos condenados a ser letra muerta, alimentando con ello la ira y frustración de millones de personas.
