Crisis y Seguro Popular: Nuevos retos para la atención en salud

Mariana Pérez

En 2004, con la puesta en marcha del Seguro Popular, se planteó la meta de incorporar a este programa a todas las familias sin seguridad social para el 2010. Sin embargo, en 2005, la Auditoría Superior de la Federación denunció que no se llegaría al cumplimiento de la meta debido a que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud –CNPSS– había realizado una proyección lineal de dicha disposición, sin considerar el incremento poblacional que tendría lugar en ese periodo de tiempo(1). Ante esta situación, la CNPSS amplió la meta de afiliación, con lo que se pretendía incluir a 682,178 familias más de lo previsto inicialmente. Esta nueva meta implicó un aumento en el número de familias susceptibles de incorporación al Seguro Popular el año entrante que pasó de 11.9 a 12.6 millones de familias.

 

A la necesidad de afiliar más personas con los mismos recursos, al Seguro Popular se le suma una nueva presión que tiene implicaciones no sólo en términos de cobertura, también se puede prever tendrá consecuencias negativas en materia de calidad y disponibilidad de los servicios de salud que el programa ofrece. Esta presión está relacionada con la crisis económica y su impacto en el nivel de desempleo en México. Hasta el momento, los diagnósticos son poco halagüeños: el Banco de México pronosticó a principios de 2009 que se perderían 325 mil empleos durante el primer semestre del año, mientras que el augurio de la agencia de recursos humanos Manpower, para el mismo periodo, es de 500 mil personas desempleadas(2). Sea cual fuere la cifra más cercana a la realidad, el hecho es que la pérdida de un empleo formal implica, entre otras cosas, el cese del disfrute de los beneficios otorgados por las instituciones de seguridad social y los correspondientes servicios en salud que de ellas derivan.

 

Este panorama, a su vez, tiene consecuencias reales en la consideración de la población objetivo del Seguro Popular, pues se espera que una cantidad importante de personas que se encuentren desempleadas buscarán eventualmente afiliarse a este programa. Este hecho pone nuevamente en desequilibrio la meta de cobertura para 2010. Sin embargo, no se han anunciado medidas emergentes que den luz sobre cómo el Seguro Popular enfrentará esta coyuntura. No sólo eso, sino que al respecto, el ex titular de la CNPPS, Daniel Karam, declaró que la presión que la crisis ejercerá sobre el programa no afectará su funcionamiento, irónicamente, sino hasta el 2010. Según el funcionario, ahora a la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social, la demanda de desempleados para incorporarse al Seguro Popular comenzará hasta el año entrante, gracias a la medida anunciada a principios de este año por Felipe Calderón consistente en ampliar de 2 a 6 meses la vigencia de derechos de los beneficiarios IMSS (3).

 

Asimismo, existen otras variables en juego relacionadas con la calidad y disponibilidad en los servicios proporcionados por el Seguro. Para dar un ejemplo de ello, el informe de resultados de la CNPSS de 2008 reportó que de las 11,716 unidades médicas consideradas para proporcionar los servicios ofrecidos por el Seguro Popular, 5,755 –tan sólo el 49 por ciento– han sido acreditadas. Vale mencionar que el proceso de acreditación es esencial para garantizar estándares de calidad en la atención médica. En este sentido, debe subrayarse que el ritmo de acreditación de las unidades no es acorde al ritmo de afiliación, ya que para finales de 2008 se había incorporado al 72 por ciento de la población con respecto a la meta planteada para 2010.

 

Otro ejemplo se desprende de un diagnóstico realizado por Fundar: para 2007, el número de médicos contratados con recursos del Seguro Popular era precario en todos los estados de la República. En ese año, sólo Baja California y Tamaulipas contaban con dos médicos por cada 1,000 afiliados y Colima con un médico por cada 1,000 afiliados. El resto de los estados no alcanzaban siquiera el mínimo aceptable: un médico por cada 1,000 afiliados.

 

Con esta situación, cabe preguntarse cómo enfrentará el Seguro Popular no sólo los retos que la crisis económica le plantea al programa en cuanto a la nueva ampliación de su población objetivo, sino también cómo se abordarán los pendientes que el programa tiene en cuanto disponibilidad y calidad de servicios. Es sabido que en tiempos de crisis económica la gente tiende a destinar una proporción menor de sus ingresos a la atención de su salud, por lo que necesariamente la demanda de servicios médicos a las instituciones públicas incrementa. Atender estos pendientes implica redoblar esfuerzos para la acreditación de unidades médicas, inversión en recursos humanos, creación y mejoramiento de infraestructura, aseguramiento de la disponibilidad de medicamentos, entre otros muchos aspectos. A su vez, lo anterior requiere contemplar un plan emergente bien estructurado que se vea respaldado no sólo por la movilización de recursos financieros adicionales que permita atender el nuevo contexto, sino también por el aseguramiento de que esos recursos sean utilizados de manera eficiente. Hasta ahora, no ha habido una reacción clara por parte del gobierno que dé una pista clara de cómo reaccionará ante este panorama. Esperamos que el nuevo comisionado de la CNPSS, Salomón Chertorivski, realice propuestas al respecto cuanto antes.

 

Para mayor información sobre este tema, favor de ponerse en contacto con [email protected].

 

 

 

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(1) Ver Reporte de la Auditoría Superior de la Federación 2005

(2) Arturo Rivero, Se perderían 500 mil empleos, Reforma, 11 marzo 2009, en www.reforma.com.mx

 

(3) Margarita Vega, Acecha la crisis al Seguro Popular, Reforma 22 de febrero 2009, primera sección, p. 2