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[ Migración ]

 

Problemática

Por otro año consecutivo, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, no se garantizan los recursos suficientes para atender a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, las familias migrantes y sus comunidades, tanto en México como en el extranjero. Lo anterior se dado a pesar de que existe un Programa Especial de Migración (PEM) que establece estrategias y líneas de acción de la actual administración en materia de atención a personas migrantes y refugiadas, el cual ha pasado desapercibido por el PEF desde su implementación en 2014.

Los recortes y reajustes planteados para los próximos años implican una afectación importante vinculada con el goce de los derechos humanos. El ejemplo más claro es el programa presupuestario P022 de Gobernación (Programa de Derechos Humanos, que incluye la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos). Este programa contaría con solamente 172.38 millones de pesos en 2017, en lugar de los 396.34 millones que tuvo este año. A lo anterior hay que sumar recortes a sectores vinculados con derechos sociales como la educación y la salud, los cuales también sufren recortes importantes (la Secretaría de Educación Pública tendrá una disminución de 15.4% en términos reales, y Salud tendrá un recorte de 10.8% los cuales en su mayoría serán para Seguro Popular).

Desde Fundar hemos mencionado reiteradamente, que ante este panorama, el primer recorte a montos presupuestarios debe ser el correspondiente a comunicación social y publicidad oficial, tal como se precisa en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por consiguiente, resulta preocupante que se disminuyan los montos a programas que coadyuvan a favorecer la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas, mientras que tan sólo en 2015 el gobierno federal ejerció más de 9,000 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial, un gasto no prioritario[1][2].

En el PPEF 2017 se observan algunas modificaciones importantes que afectarán directamente la política migratoria en México:

  • Al Instituto Nacional de Migración le asignan 1,670 mdp (109 millones menos que en 2016). Es necesario tomar en cuenta que el INM realiza principalmente actividades relacionadas con la gestión y el control de flujos y no con la protección de derechos humanos. Además, su gasto tiende a ser mucho mayor que su presupuesto, porque el INM genera ingresos propios por el cobro de derechos por servicios migratorios (es decir por los trámites y la expedición de visas y condiciones de estancia para extranjeros). Por ejemplo, en 2015 el INM ejerció 4,176 mdp, 111% más que su presupuesto aprobado para ese año (1,979 millones de pesos adicionales a lo que se aprobó para el Instituto ese año).
  • El presupuesto de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es de solamente 25.4 mdp. Si bien esto representa un aumento en términos reales, lo cual es positivo en el marco de recortes fuertes en otros sectores, no es suficiente para atender las necesidades de todos los potenciales refugiados de Centroamérica, región que pasa por una situación de violencia y pobreza que ya se ha demostrado que no será de carácter temporal.
  • A pesar de la opacidad respecto a sus funciones y su operación, sigue existiendo como Unidad Responsable dentro del Ramo de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), con un presupuesto anual de 59.8 mdp. Esta Unidad sufre un recorte de 93.6 a 59.8 millones, y es importante señalar que no existe información sobre sus resultados, además de que la CAIMFS está vinculado con el controversial Programa Frontera Sur.
  • No se incluyen recursos para la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de la PGR, (de nueva creación a través del DOF el 18 de diciembre de 2015), lo cual podría perjudicar el alcance de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos (facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias, realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes, de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas).
  • Se crea el programa presupuestario P025 Coordinación con instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del Ramo de Gobernación y contaría con 53.7 millones de pesos. Este sistema junto con el Sistema Nacional DIF, está a cargo de proteger el interés superior de la infancia migrante. Sin embargo, se debe asegurar que el Sistema Nacional DIF también cuente con recursos para poder cumplir su nueva responsabilidad hacia la infancia migrante.
  • No existe una asignación presupuestaria hacia personas deportadas y retornadas a México, principalmente desde los Estados Unidos. En el Ramo 23 ha desaparecido el programa Fondo de Apoyo para Migrantes, el cual ha sido de suma importancia en algunas entidades federativas para poder atender a mexicanos deportados y repatriados.

Propuesta

Incrementar los recursos para la atención directa a migrantes y refugiados. Fundar junto con el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) ha elaborado las siguientes propuestas:

  1. Ampliación de presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
  2. Asignación presupuestaria para la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda de la PGR
  3. Presupuesto para niñas, niños y adolescentes migrantes
  4. Etiquetación de presupuesto del INM para la puesta en marcha de mecanismos de protección y atención a la población migrante

Las cuatro fichas informativas con propuestas concretas están disponibles en la página web http://migracionparalasamericas.org/

Elaborado por José Knippen y Paulina Castaño

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

[1] Cifras obtenidas del Sistema de Comunicación Social, de la Secretaría de la Función Pública. Disponible en: http://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comunicacion-social

[2] Ídem 1. En 2015 el INM gastó poco más de 29 mdp en publicidad oficial, que representa el 0.31% del gasto total a nivel federal en comunicación social, el cual asciende a 9 mil 321 mdp.