En los últimos días se han discutido una serie de reformas para trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a SEDENA, lo que implicaría la militarización absoluta de un cuerpo de seguridad que constitucionalmente debería ser civil. En caso de concretarse, esta acción amenaza en diversos sentidos nuestra endeble democracia:
- Militarizar a la GN pone en riesgo, por no decir vulnera, nuestro Estado constitucional de derecho. La tarea de garantizar la seguridad ciudadana debe recaer en cuerpos de seguridad civiles, que respondan a mandos y mecanismos de rendición de cuentas civiles. Nuestra Constitución claramente establece que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser una medida extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada a mandos civiles.
- Completar el proceso de militarización de la GN pone en riesgo los derechos y la integridad de las personas. Desde Fundar y muchas otras organizaciones de la sociedad civil hemos documentado y denunciado desde hace más de una década los efectos devastadores de una política de seguridad basada en el paradigma militar. Desde anteriores administraciones hemos hecho propuestas para enfrentar la crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos desde un paradigma de seguridad ciudadana, colocando al centro el ejercicio de los derechos de las personas; a la fecha, dichas propuestas no han sido escuchadas.
- La política de seguridad basada en la militarización ha acumulado cientos de miles de personas ejecutadas, más de 100 mil personas desaparecidas, y más de 300 mil desplazadas, cada una de ellas es una historia de dolor para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Los avances que esta administración pudo haber tenido en materia de derechos humanos, se ponen en riesgo con la adopción de una medida que arraiga un modelo de seguridad incompatible con una democracia, y que como nos ha mostrado la historia y la evidencia, seguirá generando daños imposibles de reparar en la vida de las personas.
- La militarización de la GN amenaza con profundizar la crisis de violencia. Hemos atestiguado como las fuerzas armadas no son inmunes a la captura de las redes macrocriminales. Casos como el de Ayotzinapa, Coahuila o Tamaulipas demuestran que, aun recibiendo órdenes de no reprimir, el Ejército y la Marina son susceptibles de apartarse de la legalidad e integrarse a las dinámicas regionales del poder criminal, político y económico.
Tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, o se han involucrado en la dinámica de la violencia y se han vuelto parte o causa de violaciones a los derechos humanos. La crisis mexicana es una crisis de impunidad. Por ello, necesitamos un modelo de seguridad que incluya una política criminal de acción contundente de cara a los delitos que han deteriorado profundamente la confianza del pueblo en las instituciones: las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios.
