En semanas recientes el Partido Republicano de Estados Unidos ha usado el tema de los niños y niñas migrantes que han migrado a ese país como un botín político, reforzando su visión limitada y sesgada sobre cómo se deben abordar los procesos migratorios. El ejemplo más representativo, por no decir el colmo, fueron las declaraciones del gobernador de Texas, Rick Perry, quien anunció que la Guardia Nacional reforzaría la frontera con México. ¿Los militares vigilando que niños que buscan asilo o reunificarse con su familia no entren a los Estados Unidos? Sí, así de ridícula fue la propuesta que se planteó e implementó en días recientes en ese bastión republicano. Lo peor: la medida fue apoyada por la Cámara de Representantes cuya mayoría es del mismo partido político, con el racista Louie Gohmert, representante por Texas, a la cabeza.
La cantidad de niños y niñas que llegaron a EEUU procedentes de países centroamericanos reconfirma que la migración tiene causas diversas. Por un lado, los factores de empuje de los países de origen, en los que impera una violencia generalizada y paupérrimas condiciones económicas. No hay prospectiva de vida y ante eso la gente, los niños y adolescentes se ven obligados a migrar en búsqueda de protección. Por otro lado, los factores de atracción en los que en EEUU la legislación facilita que los menores de 18 años, a excepción de las nacionalidades mexicana y canadiense, no sean deportados de inmediato, sino que acceden a un proceso ante la corte para identificar sus necesidades y en su caso, quedarse en EEUU.
Lo anterior demuestra que la migración debe abordarse de manera integral, con políticas y acciones con miras al corto y largo plazo, que tengan en el centro los derechos de las personas. Primero, se deben atender las causas estructurales de la migración. Se necesita un cambio en la política económica y social. Es muy sencillo: la crítica situación actual no se soluciona con la misma receta que generó la crisis. Impulsar medidas como las que Estados Unidos ha llevado a cabo en el terreno económico y político durante los últimos 30 años para cambiar la vida de las personas es un sinsentido. No sólo no resolverá la crisis, sino que la profundizará.
México, por su parte, debe jugar un papel central para brindar una protección adecuada a la niñez migrante; debemos ubicar en el centro de las políticas nacionales su bienestar por lo menos a través de tres medidas concretas:
- Dotar al Programa Especial de Migración de los recursos mínimos necesarios para su implementación
En abril de este año, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, el cual es el primer programa de esta naturaleza en la historia de México. El PEM involucra objetivos, estrategias y líneas de acción que buscan proteger a la niñez, incluyendo medidas para garantizar su interés superior. El presupuesto de 2015 debería ser el primero que contemple recursos para un PEM; el Estado no se puede dar el lujo de cometer el mismo error que con la Ley de Migración, que surgió sin un presupuesto para implementarse.
Dentro de este presupuesto se ubican recursos para el Sistema Nacional DIF, en particular para laacción institucional denominada “Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados”. El presupuesto anual de esta acción es de 8.5 millones de pesos al año, que representa alrededor de 270 pesos por niño atendido.[1] Con este presupuesto tan bajo, ninguna institución puede garantizar el bienestar de la niñez. El monto mínimo que dicha acción necesitaría asciende a 75 millones de pesos. Si hay recursos para generar estructuras nuevas en la administración pública, deben sobrar entonces los recursos para proteger a los niños.
- El PEM debe ser la base de todas las acciones y planes institucionales
En días recientes se anunció el Plan Frontera Sur y la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. El Plan Frontera Sur debe estar vinculado con los diversos instrumentos que el Estado ha generado como el PEM y el Programa Nacional de Derechos Humanos, en particular en aquello relacionado con la niñez. Además, es indispensable que la Coordinación complemente y no duplique funciones con el Instituto Nacional de Migración (INM) en términos operativos y con la Unidad de Política Migratoria en términos de recopilación de información.
- Fortalecer y generar espacios de diálogo con la ciudadanía
En el último año se han generado espacios y procesos importantes de diálogo entre instituciones encargadas de diseñar e implementar la política migratoria y la sociedad civil. El Consejo Ciudadano del INM ha venido trabajando con el INM para generar propuestas que transformen la vida de las personas, en particular en temas de protección a la niñez, regularización migratoria y la reestructura del Instituto. Otro ejemplo es el proceso de elaboración del PEM, donde la participación del Colectivo Migraciones para las Américas ubicó los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes como un pilar del PEM. La coyuntura y la necesidad de brindar una protección integral obliga a continuar estos esfuerzos y generar otros donde no los hay.
En conclusión, los derechos humanos no se protegen blindando fronteras, ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Los derechos deben garantizarse desde una visión multidisciplinaria, que incluye por definición acciones afirmativas por parte de las agencias del Estado, con un presupuesto suficiente para implementar dichas acciones. Es buen momento para que en México demostremos que podemos generar políticas que pongan en el centro a la niñez y no estén basadas en la sinrazón, como en Estados Unidos.
* Rodolfo Córdova
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