Aunque la inseguridad y las consecuencias de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” no son nuevas, fue hasta hace unos meses que se empezó a articular una respuesta desde la sociedad civil. Un sector de víctimas de la violencia y la impunidad actual y pasada (por ejemplo, familiares de víctimas de feminicidio en Chihuahua) se organizaron para exigirle cuentas al Estado sobre una “estrategia” que ha dejado 40 mil muertos en todo el país.
En este contexto, la semana pasada trascendió que una persona pidió a través de una solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de la República (PGR) “la fecha, número de averiguación previa, estado que guarda, hechos por los cuales perdieron la vida las personas y nombres y/o bandas de delincuentes que ya fueron sentenciados, así como la sentencia recaída por cada uno de los más de 35 mil fallecidos a la fecha de la presentación de la solicitud (21 de febrero de 2011)”. Además, la persona solicitante indicó que en el portal de la Presidencia de la República se publicó que existe una base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada; ya que había sido presentada por el vocero de seguridad, Alejandro Poiré, el 12 de enero de 2011. Después de pedir una prórroga, la PGR declaró inexistente la información. Ante lo cual, la persona solicitante realizó un recurso de revisión que dio lugar a que el IFAI instruyera a la PGR a buscar exhaustivamente dicha información.
La respuesta de la PGR es preocupante al menos en dos sentidos. En primer lugar, porque la falta de información nos permite pensar que la estrategia del Estado contra la delincuencia organizada no está basada en el procesamiento y análisis de la información; y en ese sentido, es muy poco estratégica. Pero además de que el Estado no provee información sistematizada, no sólo de los muertos sino de sus propias actuaciones, llena el vacío informativo con aseveraciones que criminalizan a las víctimas y legitiman la impunidad. Por ejemplo, a principios de este año, en declaraciones a la revista Newsweek y al diario The Washington Post, Calderón reconoció que la guerra contra el narco ha causado muchas víctimas colaterales, pero se defendió diciendo que “probablemente 90% de esa gente estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”. ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo y con qué base si la propia Procuraduría declaró inexistente esta información.
En segundo lugar, la respuesta de la PGR resulta preocupante porque de cara a la sociedad civil organizada que reclama un lugar en la definición de las políticas de seguridad con perspectiva ciudadana, las autoridades deben garantizar la información que facilite su participación. Es entonces que podemos concluir que el modelo de seguridad pública que impulsa el Gobierno Federal es más cercano a lo que se ha llamado “la demagogia punitiva”. Bajo este modelo, se concibe a la inseguridad como una fuerza a la que debe oponérsele otra fuerza de mayor intensidad y de sentido contrario, el poder punitivo del Estado, que anularía eventualmente la fuente de los delitos. Sobra decir que este enfoque privilegia la persecución del delito en lugar de promover una visión integral de la seguridad, como el derecho a los derechos humanos.
El caso es que aún desde el modelo de la demagogia punitiva, el Estado tiene la obligación de brindar información que legitime su propia actuación. No obstante, la respuesta de la PGR, que fue cuestionada acertadamente por el IFAI, deja en evidencia que el Estado se vale de información “inexistente” para legitimar su modelo, en lugar de transparentar sus acciones. Como dijo Javier Sicilia en el diálogo con el presidente Calderón en Chapultepec: “No existe un sólo indicador de que vamos por la ruta correcta”.
Ximena Antillón
