- A 10 años de la muerte materna de Marisol Martiriz, el IMSS en Bochil ofreció una disculpa pública al señor Miceli Gómez Martiriz, esposo de Marisol, a su hija Catherine Nereida y sus hijos Cristian Eduardo y Yair Elías Gómez Martiriz.
- El acto simbólico de disculpa es sólo un paso para la reparación integral, pues no resuelve el daño psicosocial y los impactos ocasionados a las víctimas.
- Es indispensable que el IMSS se comprometa públicamente a redoblar esfuerzos para garantizar íntegramente las medidas de no repetición.
Bochil, Chiapas, 21 de julio de 2025.- A 10 años de la responsabilidad del Estado por la muerte materna de Marisol Martiriz Guzmán, hoy autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Hospital Rural en Bochil en el Estado de Chiapas ofrecieron una disculpa pública a su familia, como medida simbólica de reparación, mandatada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Convenio de Conciliación al IMSS.
Marisol Martiriz Guzmán, de origen salvadoreño, murió el 20 de julio de 2015 en el traslado del Hospital Rural del IMSS en Bochil, víctima de violencia obstétrica. La noche del 19 de julio, cuando Marisol tenía 39 semanas de embarazo, le fue practicada una cesárea de emergencia por médicos residentes y no especialistas, ya que el Hospital Rural contaba solo con un médico ginecobstetra en el turno matutino. Debido a la gravedad, y la falta de equipo, Marisol necesitó ser trasladada a un hospital General con mayor infraestructura. Sin embargo, tuvo que esperar 6 horas para ser transferida pues no había un médico de terapia intensiva que pudiera recibirla y porque no se activó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, el cual indica una atención inmediata en cualquier hospital, sin importar que ella fuera o no derechohabiente.
En 2018, con el acompañamiento de Fundar, la CNDH emitió el Convenio de Conciliación al IMSS, en el que reconoció la violación al derecho a la protección de la salud y a la vida de Marisol y determinó que las omisiones, –como la falta de insumos, equipamiento e infraestructura médica– forman parte de una problemática de carácter estructural en el funcionamiento del Hospital Rural del IMSS en Bochil.
En dicho convenio, la CDNDH mandató la Reparación Integral del daño, estableciendo entre las garantías de no repetición la disponibilidad de personal, la dotación de insumos materiales y de servicio de ambulancia equipada, así como la optimización del servicio en materia obstétrica. Asimismo, como medida de satisfacción, un acto de disculpas.
El acto de disculpa pública llega tras la lucha incansable de Miceli Gómez Hernández, esposo de Marisol, su hija Catherine Nereida, e hijos Cristian Eduardo y Yair Elías Gómez Martiriz quienes, junto con la comunidad de Bochil, no han desistido en la búsqueda de justicia y no repetición.
Por ello, resulta preocupante que este acto no cumpliera con el estándar, ni buenas prácticas que actos simbólicos como este requieren, ya que no se realizó con la divulgación pública necesaria, ni contó con la presencia de altos o altas funcionarias del Estado, conforme dictan los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [1] y la Suprema Corte de Justicia de la Nación [2]. De igual manera, no se realizó en un lugar en que la familia de Marisol considerara simbólico o representativo, por lo que las víctimas han puesto en duda la sinceridad de la disculpa y compromiso del Estado para dar cumplimiento genuino a las medidas.
Al respecto la familia de Marisol comentó que, “No basta con decir perdón cuando las causas que la mataron siguen. Las palabras sin cambio no nos consuelan. Tiene que haber cambios reales, tiene que haber compromiso, vigilancia y sanción. No más muertes por ser pobres, no más mujeres abandonadas en hospitales.”
Desafortunadamente, la historia de Marisol Martiriz es un ejemplo de los problemas estructurales del Estado en materia obstétrica y de servicios de salud. México aún afronta un alto índice de mortalidad materna. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va de este 2025 han ocurrido 267 muertes maternas en el país, y Chiapas es una de las entidades que presentan mayor número de muertes maternas, incluso por arriba de la media nacional. En este año han ocurrido 26 muertes maternas en el estado.
Entre las principales causas de muerte materna tanto en Chiapas como a nivel nacional están las hemorragias obstétricas y complicaciones relacionadas con el aborto, que, aunado a factores como el acceso limitado a servicios de salud, la falta de atención prenatal adecuada y las barreras culturales que dificultan el acceso a atención médica institucional, agravan la situación.
El reconocimiento y aceptación de la responsabilidad del IMSS en las violaciones cometidas en contra de Marisol Martiriz tendría que haber puesto al centro la dignificación de la memoria de Marisol y ser un paso para avanzar en la no repetición. Por ello, desde Fundar llamamos a las entidades de IMSS, del Hospital Rural en Bochil, autoridades responsables de la muerte de Marisol y a la cuarta visitaduría de la CNDH, como representante de los derechos de las víctimas, a no abandonar el caso y cumplir de manera íntegra el Convenio de Conciliación.
“Hoy, en nombre de mi esposa, en nombre de mi hija que no nació y en nombre de mis hijos que siguen creciendo con la herida abierta, digo al Estado mexicano: no queremos que esto se repita nunca más, que ninguna mujer más muera por culpa del sistema. Queremos hospitales que salven vidas, no que las arrebaten”, agregó Miceli Gómez.
La reparación integral del daño se verá reflejada en el compromiso real del Estado mexicano de resarcir y atender las fallas a nivel estructural, con la contratación de personal especializado en todos los turnos y fines de semana en las zonas más alejadas, así como garantizar presupuesto adecuado y suficiente para contar con los insumos e infraestructura necesaria para atender de manera oportuna cualquier emergencia obstétrica en todo el país, para que la historia de Marisol no se vuelva a repetir.
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