El pasado 20 de febrero, Human Rights Watch (HRW) hizo público su informe Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, en el que documenta 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón. En 149 de estos casos, esta organización internacional dedicada a la defensa y la protección de los derechos humanos, encontró pruebas de la participación de agentes estatales. A partir de su investigación, HRW verificó que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas: el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En más de 60 casos, encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Incluso identificó las mismas prácticas de desaparición en lugares y períodos de tiempo determinados, lo que sugiere que existe coordinación para llevarlas a cabo.
Además, Human Rights Watch documentó uno de los mayores obstáculos que los familiares encuentran en la búsqueda de los desaparecidos: tanto el Ministerio Público como los funcionarios de seguridad pública no inician una búsqueda oportuna ni exhaustiva de las personas desaparecidas, ni investigan a los responsables. En vez de eso, estigmatizan a las víctimas sugiriendo que ellas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar.
Evidentemente, si no los buscan, no los encuentran: HRW destaca que prácticamente en ninguno de los 249 casos documentados se ha encontrado a los desaparecidos ni se ha condenado a los responsables de las desapariciones, lo cual contribuye a que se cometan nuevas violaciones. La impunidad tiene consecuencias directas en todos los ámbitos de la vida de los familiares de las personas desaparecidas, desde su salud física hasta consecuencias psicosociales como la angustia permanente:
Es una tortura diaria, el no saber dónde está. Que si lo están torturando. Que si ya comió. Tan sólo recordarnos, nos duele el corazón”. La madre dijo que su padecimiento se veía exacerbado porque las autoridades no detenían a funcionarios que habían sido identificados como partícipes en la desaparición de su hijo. “¿Quién está responsable de esto, si [las autoridades] dicen que no es [el policía]? Ese es un dolor aún más grande. Una impotencia (p.80)“.
Como se reconoce en el propio informe, este abarca un porcentaje mínimo de casos frente al universo de personas desaparecidas —que según una base de datos entregada por la PGR a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, asciende a más de 27 mil personas—, pero es fundamental para empezar a comprender la magnitud y la dinámica de la desaparición forzada en México.
Frente a la falta de registros oficiales completos y confiables, son las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de familiares de personas desaparecidas quienes han asumido, una vez más, la labor de documentar los casos y denunciar esta práctica. Como recomienda el informe sobre elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias lo primero para enfrentar la desaparición es reconocer el problema y las dimensiones de esta práctica en la que autoridades y delincuencia organizada participan en complejas redes de complicidad.
Esperamos entonces que los esfuerzos oficiales correspondan a la gravedad de la situación y permitan esclarecer el paradero de cada una de las personas desaparecidas, se sancione a los responsables y se erradique esta práctica para siempre de México.
Ximena Antillón
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