El 2010 fue un año muy significativo para el Poder Legislativo en lo que respecta a su funcionamiento interno, ya que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República reformaron su normatividad interna que estuvo vigente durante más de 70 años. El Senado aprobó su nuevo reglamento el 4 de junio y la Cámara de Diputados hizo lo propio el 15 de diciembre.
A pesar de las criticas que podamos hacerles y de algunos aspectos que no quedan muy claros, estos dos nuevos reglamentos son un avance significativo en lo que respecta a la regulación del trabajo legislativo; sobre todo, una nueva oportunidad para dejar atrás los vicios y las malas prácticas que son el pan de cada día en el Congreso.
En lo que respecta al reglamento de la Cámara Baja, se regularon aspectos como los derechos y obligaciones de las y los diputados con particular énfasis en el tema de asistencias e inasistencias, así como las sanciones al respecto. En materia de transparencia, cabe resaltar la obligación de los grupos parlamentarios para rendir cuentas sobre los recursos que se les asignan y las especificaciones de la información que la Cámara debe hacer pública al establecer con claridad los tiempos y medios para hacerlo.
En cuanto a la relación de la Cámara de Diputados con la ciudadanía, se establece un espacio de atención a las demandas ciudadanas y se incorpora la posibilidad de hacer peticiones legislativas que, sin ser una iniciativa ciudadana, abre la puerta para realizar opiniones o propuestas de modificación a las normas legales vigentes. Según el nuevo reglamento, estas peticiones serán revisadas por la mesa directiva y serán turnadas a la comisión que trabaje el propuesto.
Así como se identifican avances interesantes, también hay otros aspectos en los que no queda claro cuál es el espíritu de las modificaciones y si hubo un análisis adecuado de los asuntos. Sólo por mencionar algunos, la regulación del cabildeo y los tiempos para aprobar los asuntos entran en este paquete. El no reglamentar el cabildeo en nuestro congreso ha permitido el desarrollo de prácticas irregulares y de toma de decisiones que no se enfocan en el bien común sino en los intereses de algunos particulares. En este sentido, era imperativo regular esta práctica y el nuevo reglamento intenta hacerlo; sin embargo, la reforma se queda corta y es poco clara. Para empezar, se coloca en la misma bolsa a todas aquellas personas que hacen trabajo de incidencia en busca de un bien a la comunidad (o ciertos sectores específicos como mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, entre otros) y a aquellas personas que buscan obtener un beneficio para particulares (tabacaleras, refresqueras, panaderas, botaneras, farmacéuticas y demás). La diferencia de intereses y actividades es clara y por lo tanto debiera existir en el reglamento una diferencia de trato y de excepciones.
Por otro lado, se propone el registro de las organizaciones, empresas y particulares que deseen llevar a cabo actividades de cabildeo en la Cámara y se incorporan lineamientos para el registro, la publicidad de este trabajo y la prohibición para los legisladores y funcionarios de la Cámara de recibir beneficios por la atención de las demandas de los cabilderos; sin embargo, no se establecen sanciones en caso de incumplimiento para ninguna de las dos partes. Tampoco se establecen los tiempos y lineamientos para publicitar este tipo de relaciones, y no queda claro si será posible conocer el registro de las y los cabilderos.
En fin, hay mucho que decir sobre estas nuevas disposiciones y desde Fundar lo estaremos haciendo. Ahora, independientemente de los avances, las pocas claridades y los asuntos que se quedaron fuera, es importante exigirles a las y los diputados que prediquen con el ejemplo y se ciñan a su propia normatividad; de lo contrario seguiremos observando un congreso con 70 años de retraso.
* Haydee Pérez y Melissa Ortíz
