- El despliegue de más de 2,000 militares transgrede el artículo 129 de la Constitución y no debe ser una situación permanente
- La operación Conjunta Chihuahua no soluciona los problemas de fondo y altera la relación Ejército-ciudadanía
- Ciudad Juárez, Chihuahua se ha convertido en los últimos meses en la ciudad más peligrosa de México.
Debido a que Juárez ocupa el primer lugar en el consumo de cocaína en el país, es una plaza altamente disputada por el crimen organizado. Los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Juárez han tenido un saldo de más de 200 ejecuciones -incluyendo civiles y policías- en lo que va de 2008, acompañado de un notorio incremento de la incidencia de delitos graves. La policía preventiva municipal y las policías estatales, han sido incapaces de controlar o mejorar esta situación y los escándalos de corrupción policial, sobre todo en el ámbito municipal, han llamado la atención de la opinión pública nacional.
Dada esta situación, entre el 27 y 28 de marzo, el gobierno federal inició la Operación Conjunta Chihuahua con un despliegue militar de más de 2,000 efectivos -el segundo más grande del país, sólo después de el de Baja California que cuenta con 3,000 elementos castrenses-.
Entre los logros que los elementos destacados en la guarnición militar de Ciudad Juárez han presentado a los medios destacan decomisos importantes de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas, la incautación de vehículos y armas de fuego largas y cortas, la detención de personas y el decomiso de dinero en efectivo. Si bien todas estas acciones son importantes en la lucha cotidiana contra el narcotráfico, los expertos internacionales en la materia coinciden en que estas acciones tienen un fuerte efecto mediático, pero son poco efectivas para alterar el mercado -cuando se bloquea un suministro de droga, sube ésta de precio temporalmente y se abren nuevos canales de suministro-, ni para atacar los problemas de raíz que generan y permiten la actividad criminal.
Si bien, Fundar reconoce que el deterioro de las condiciones de seguridad en Ciudad Juárez necesita una respuesta contundente y coordinada de los gobiernos municipal, estatal y federal, también enfatiza que tal respuesta debe ser respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del estado de derecho, así como congruente con un esquema más amplio de prevención del delito y de seguridad interna.
Desde una perspectiva ciudadana, la movilización y despliegue de elementos militares para combatir al crimen organizado en México presenta varios problemas para la vigencia del estado de derecho. En primer lugar, la participación de los militares en el Operativo Conjunto Ciudad Juárez contraviene la racionalidad de fondo del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”. Asimismo, el discurso mediático y oficial parece plantear la presencia militar en Ciudad Juárez con ánimo de permanencia, caso en el cual debería de atenderse lo establecido en el artículo 118 de la Constitución respecto al consentimiento del Congreso de la Unión para mantener tropas en un Estado.
Por otra parte, los militares son instruidos para usar la fuerza con el objetivo de destruir enemigos, a diferencia de los policías que son instruidos para usar la fuerza con el objeto de mantener la paz y el orden público. Una dificultad en materia de rendición de cuentas es que los militares estructuralmente sólo se obligan ante sí mismos, mientras que los policías -al menos estructuralmente- están sujetos a controles institucionales y externos que supervisan su actuación. Asimismo, la creciente participación de elementos militares en tareas de seguridad pública ha alterado la relación entre agentes de seguridad y las comunidades en distintas partes del país y reinterpreta la relación civil-militar, un tema muy complejo en México.
Tomando en cuenta lo anterior, los abajo firmantes proponemos a los responsables de la Operación Conjunta Chihuahua lo siguiente:
- Señalar claramente el plazo de permanencia de los elementos militares adicionales que se han destacado en Ciudad Juárez.
- Formular una estrategia de salida de los elementos militares que contemple la depuración de las corporaciones policiales que están presentes en Cd. Juárez, controles externos e internos que eviten el paso de los policías cesados al crimen organizado, así como la generación de mecanismos de selección y reclutamiento que eviten la repetición de los problemas de corrupción y abuso de autoridad en los que han incurrido esas corporaciones policiales.
- Vincular la Operación Conjunta Chihuahua con estrategias más integrales de prevención del delito en el ámbito local, con estrategias de inteligencia para eventualmente desmantelar las cadenas productivas del narcotráfico en la región y con estrategias de inteligencia financiera para cortar el flujo de recursos económicos que alimenta el narcotráfico.
- Transparentar la actuación de los elementos de seguridad involucrados en esta Operación, así como sus costos económicos y el impacto en materia de respeto a los derechos humanos. Para lograr esto, es indispensable que los gobiernos municipal, estatal y federal faciliten el trabajo de los organismos públicos locales encargados de la defensa de los derechos humanos, así como de las organizaciones no gubernamentales activas en este terreno.
Firmantes:
Colectivo por la Seguridad, Centro de derechos humanos. miguel A. Pro, Jose Luis Caballero-Coordinador de la maestría de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, Colectivo feminista Mercedes Olivera y Bustamante, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las casas, Carlos Zetina, Ana Paula Steck, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la AMDH, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CENCOS (y personal de su directora: Brisa Maya), Centro Fray Francisco de Vitoria OP, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.AC, Infancia Común A. C., Incide Social A.C.
La Red de Especialistas en Seguridad Pública, un grupo integrado por 65 académicos de distintas universidades y 30 organizaciones civiles que comparten la idea de que la seguridad es compatible con los valores democráticos y los derechos humanos.
Para mayores informes favor de dirigirse con:
Juan-Carlos Martínez
5554-3001, ext. 129
