El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia nos llama cada año a confrontar una realidad que desafortunadamente persiste en todo el mundo: la violencia, discriminación, invisibilidad y exclusión que siguen marcando la vida de millones de personas LGBTIQA+. En el contexto regional, Brasil y México siguen apareciendo como países particularmente peligrosos para las personas de la diversidad, el proyecto Trans Murder Monitoring de TGEU (Transgender Europe) registró 281 asesinatos reportados de personas trans y de género diverso en el mundo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, concentrándose la mayor parte (68%) en América Latina y el Caribe. Denunciar estas condiciones y exigir medidas estatales para revertir la situación es esencial, sin embargo, debe ser también el momento para hacer un llamado a replantear nuestras estrategias de lucha, y en particular, a reconocer que ningún movimiento puede avanzar en solitario.
Las conquistas históricas de la diversidad sexual han sido posibles gracias a la organización colectiva y hoy, frente a contextos enrarecidos y cada vez más complejos —marcados por las desigualdades económicas, racismo, misoginia, capacitismo, la xenofobia y el repunte de las ultraderechas en la región—, resulta más evidente que la agenda LGBTIQA+ debe fortalecerse desde una perspectiva interseccional. Más que limitarse a sumar causas debemos poner más atención para entender de qué manera se entrecruzan las opresiones y cómo se potencian entre sí.
La lucha por los derechos de las personas LGBTIQA+ en México ha logrado avances significativos en las últimas décadas: el matrimonio igualitario es legal en todo el país desde 2022, y varias entidades reconocen la identidad de género y han facilitado el trámite para modificar documentos oficiales. Sin embargo, estos logros legales coexisten con una realidad persistente de violencia y exclusión. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las personas LGBTIQA+ siguen siendo uno de los grupos más discriminados en el país, enfrentando barreras en el acceso a empleo, salud y vivienda. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI reveló que el 30.8% de la población LGBTIQA+ reportó haber experimentado discriminación en el último año.
Las experiencias, las violencias y las barreras de acceso a derechos siguen lógicas y patrones muy diferentes. Por ello, las respuestas políticas y sociales también deben serlo. Ignorar estas diferencias no solo invisibiliza a quienes enfrentan mayores riesgos, sino que debilita la lucha en su conjunto. Hablar de interseccionalidad implica reconocer las experiencias particulares de quienes conformamos el colectivo, pues la trayectoria vital de un hombre gay, cisgénero, blanco, de clase media y que habita un contexto urbano es casi por completo distinta a la de una mujer trans indígena o una persona no binaria migrante.
En este contexto, las alianzas entre movimientos se vuelven imprescindibles. Los aportes y las propias apuestas que se dan desde los feminismos, los movimientos antirracistas, las luchas por derechos laborales, ambientales y aquellos movimientos de familiares de personas desaparecidas o que acompañan a personas migrantes, no son agendas separadas: son trincheras que comparten enemigos comunes. La exclusión estructural y en particular, los sistemas de opresión que operan hoy en día no distinguen etiquetas; se reproducen en todas partes donde hay desigualdad. De ahí que algunos ejemplos de colaboración entre colectivas LGBTIQA+ y aquéllas organizadas por el derecho a la vivienda, por la defensa de los territorios, o las que denuncian la violencia producto de modificaciones urbanas para la Copa Mundial de fútbol en la Ciudad de México, cobran un valor inmenso y apuntan una ruta muy prometedora de trabajo conjunto y apoyo mutuo.
La historia reciente ofrece lecciones claras sobre cómo esa articulación amplifica resultados. En la crisis del VIH, ACT UP (grupo activista de Estados Unidos) combinó acción directa, litigio, trabajo comunitario y presión mediática para forzar a gobiernos, laboratorios y sistemas de salud a acelerar tratamientos y a reconocer derechos: una victoria impensable sin coaliciones con personal médico, organizaciones de derechos civiles y redes barriales. De forma similar, en distintos países las conquistas del matrimonio igualitario y la no discriminación han avanzado cuando los movimientos LGBTIQA+ han construido frentes amplios con feminismos, sindicatos, colectivos antirracistas, academia y organizaciones religiosas progresistas, trasladando la demanda del ámbito identitario al terreno de la igualdad y la ciudadanía.
En contraste, cuando prevalece la fragmentación (disputas internas, agendas que no dialogan con las luchas por empleo, vivienda, seguridad o migración), los movimientos quedan más expuestos a campañas de odio y a retrocesos legislativos, y se reduce su capacidad de sostener victorias en el tiempo. Por eso, articularse no significa diluir la agenda LGBTIQA+; significa convertirla en una fuerza social más difícil de aislar y, sobre todo, más capaz de producir condiciones materiales de vida digna para quienes cargan con opresiones entrecruzadas.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas y apostar por una solidaridad activa. Porque cuando una comunidad avanza, se abre camino para otras; pero cuando una queda atrás, la injusticia es quien puede ganar terreno.
En este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, la invitación es clara: pasar de la fragmentación a la articulación. Solo desde un enfoque interseccional y desde alianzas genuinas podremos enfrentar las múltiples formas de violencia que persisten. La diversidad necesita más que reconocimiento; necesita articularse por una justicia plural y diversa como diverso es el movimiento LGBTIQA+.
