Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2025.- A pesar de las reuniones sostenidas con legisladoras y legisladores durante el proceso de análisis y negociación del presupuesto, los recursos destinados a la cultura en 2026 serán nuevamente insuficientes. Si bien reconocemos la reasignación de 1,985 millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados —con la cual el sector alcanzará 15,082 millones de pesos—, este monto representa una reducción de 4.57% en términos reales respecto a 2025.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante esta insuficiencia presupuestaria, que limita el sostenimiento de las políticas, programas e instituciones culturales del país. Este ajuste compromete la capacidad del Estado para garantizar el acceso, la participación y la creación cultural en condiciones de igualdad, afectando directamente a comunidades, personas creadoras, gestoras y trabajadoras culturales en todo el territorio.
Además, se identifican inconsistencias jurídicas y administrativas en la aplicación del presupuesto, derivadas de la falta de correspondencia entre el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura —publicado en julio pasado— y la disposición presupuestal aprobada para 2026. La estructura programática aún no refleja plenamente las funciones y responsabilidades que establece el nuevo reglamento, lo que genera retos operativos y cierta falta de claridad en la ejecución del gasto dentro de su programación anual.
Se trata de un aspecto que las Secretarías de Cultura y de Hacienda y Crédito Público deberán atender a la brevedad, con el fin de asegurar la coherencia institucional, la eficacia en el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos culturales del país. Esta situación pone de relieve la necesidad de transitar hacia un compromiso estructural del Estado con el derecho a la cultura, que no dependa únicamente de la voluntad política del momento.
Frente a este panorama, urge establecer un espacio permanente de diálogo entre la comunidad artística, especialistas, sociedad civil, legisladores y autoridades culturales y hacendarias. Solo así será posible construir una política presupuestaria sostenible, participativa y con visión de largo plazo.
Es necesario avanzar hacia una redistribución justa, equitativa y descentralizada del gasto público, que fortalezca las capacidades locales y mejore las condiciones de las y los trabajadores del arte y la cultura. Al mismo tiempo, debe trazarse una ruta progresiva y clara para destinar al menos el 1% del gasto público total a la cultura —poco más de 100 mil millones de pesos—. Esta meta no es una aspiración, sino un compromiso mínimo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho cultural de todas las personas.
Para lograrlo, se requiere una reforma fiscal progresiva que incremente los recursos públicos disponibles, fortalezca el sistema cultural nacional y permita una distribución más equitativa y descentralizada del gasto. Solo con un sistema fiscal justo podremos reducir desigualdades y asegurar que la cultura sea un verdadero motor de cohesión social y de desarrollo sostenible.
La cultura no es un gasto prescindible, es un derecho que da sentido y sustento a nuestras vidas —a nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra salud—, y que fortalece nuestra diversidad, nuestras comunidades y nuestra democracia.
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