A pesar de que en México la salud es un derecho reconocido constitucionalmente y hay una política pública de salud sexual y reproductiva (SSyR), el Estado mexicano está lejos de garantizarla, pues persisten desafíos como violencia obstétrica, embarazo adolescente no planificado, altos índices de muerte materna, falta de acceso a métodos antifecundativos y abortos seguros, y criminalización por ejercer el derecho a decidir. Las niñas, juventudes, mujeres, personas con capacidad de gestar, indígenas, afromexicanas o con alguna discapacidad, en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, son quienes se ven más afectadas por estas problemáticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha propuesto el fortalecimiento del sistema de salud y lograr la universalidad de los servicios. Dos de sus 100 compromisos son: 1) fortalecer la salud de las mujeres en toda su vida, en especial su SSyR; 2) impulsar la salud de las mujeres embarazadas y recién nacidos en sus primeros 1,000 días de vida.
El pasado 15 noviembre, el ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, que permite observar dónde están las prioridades en términos de gasto. Este propone un recorte general del 1.9% del gasto público y, de aprobarse la propuesta, la función salud tendrá un recorte de 12% en relación con 2024, lo que limitará al gobierno lograr sus objetivos.
El Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que contribuye a materializar la política pública en la materia, tiene en el PPEF 2025 una asignación de $2,848 millones de pesos (mdp), lo que representa un recorte del 14% en comparación con 2019, cuando contó con $3,317 mdp. Por su parte, los recursos previstos para el órgano rector de la política, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), tendrán una reducción del 13% en comparación con 2019, cuando contó con $3,014 mdp, frente a los $2,615 mdp que se proponen para 2025.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos que la federación envía a las entidades para el fortalecimiento de sus servicios de salud, tendrá una disminución de 44%, en relación con 2024. Esta reducción es preocupante porque parte de éstos se destinan a la implementación de acciones de SSyR.
Este recorte pone en riesgo la garantía de la SSyR y tendrá impactos en la vida de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ejemplo, en Oaxaca, Mano Vuelta A.C., documentó que, a cinco años de la despenalización del aborto, la cobertura del servicio de aborto seguro es insuficiente: sólo operan 11 unidades, 7 de las cuales están ubicadas en la Región de Valles Centrales, aunque el estado cuenta con 8 regiones geográficas y 570 municipios.
Además, no se garantiza este derecho por falta de infraestructura, insumos, medicamentos, personal capacitado y ausencia de materiales de difusión en lenguas originarias y/o dirigidos a personas con alguna discapacidad auditiva o visual. Y 75% de las unidades de primer nivel de salud no cuenta con servicios de traducción e interpretación, a pesar de ser una entidad donde se hablan 16 lenguas indígenas. Todo lo anterior contribuye a que 9 de cada 10 jóvenes desconocen que el aborto es legal en el estado.
La situación de Oaxaca es una constante en diversos estados que también han avanzado en la despenalización del aborto. Los recortes presupuestarios a nivel federal agravarán la situación de los sistemas de salud locales. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, insumos esenciales para el componente de aborto seguro tienen su principal fuente en donaciones de organismos no gubernamentales, ante la incapacidad del gobierno local para proveerlos.
Por ello, en el marco de la negociación presupuestaria y los espacios de Parlamento Abierto, que la Cámara de Diputados convocará para escuchar a la ciudadanía, instamos a:
- Revertir las reducciones presupuestarias al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, al CNEGSR y al FASSA para que recuperen, al menos, el nivel de recursos que tuvieron al año de mayor asignación.
- Garantizar la progresividad del presupuesto para la implementación de políticas públicas y acciones en materia de SSyR con un enfoque de género e interseccional, que considere los contextos diferenciados y las brechas de desigualdad, acentuadas en poblaciones vulnerabilizadas.
- Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan el monitoreo y seguimiento puntual de la asignación y el ejercicio de recursos presupuestarios para evitar reducciones del ejecutivo a lo largo del año.
La Cámara de Diputados puede hacer historia asignando un presupuesto progresivo con enfoque de género, interseccional y derechos humanos, que garantice suficientes recursos para mejorar el acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes y superar los desafíos que prevalecen.
