Ciudad de México, 12 de septiembre de 2025. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026. Este Paquete Económico es consecuente con los principales compromisos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como el fortalecimiento de los programas sociales, el combate a la evasión fiscal y el impulso a la inversión pública productiva. Sin embargo, estos aspectos positivos contrastan con los retos que plantean los problemas estructurales no resueltos de nuestra política fiscal.
En 2026 se prevé un gasto neto total de 10.1 billones de pesos, un incremento real del 5.9% respecto al año anterior, el cual estuvo marcado por las medidas de consolidación fiscal en medio de la transición de gobierno. Además, el PPEF 2026 se construyó conforme a una estructura programática nueva que busca simplificar la distribución de los recursos públicos a través de menos programas presupuestarios.
Por tratarse del documento económico y financiero que refleja la situación de nuestro pacto social, desde Fundar analizamos, como cada año, las propuestas del Paquete Económico con especial atención en aquellas medidas relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades. A continuación, presentamos los hallazgos preliminares de nuestro análisis, identificando los principales aciertos, las tensiones y contradicciones de la política fiscal propuesta para 2026.
Cambios tributarios
Siguiendo la tendencia de años previos, la mayor parte de los ingresos del gobierno provendrán de la recaudación tributaria; del total de ingresos previstos en 2026 (10.1 billones), el 57% (5.8 billones) será de impuestos, lo cual es positivo, pues es una fuente de ingresos que brinda mayor certidumbre y seguridad a las finanzas del país.
Sin embargo, hay ajustes importantes; en ese sentido, el Impuesto Sobre la Renta, una contribución progresiva que deben pagar las personas físicas y morales por la obtención de ingresos, significará un monto de 3 billones de pesos, un incremento real del 3.8% respecto al 2025, el cual obedece a diferentes medidas, como el combate a la evasión fiscal y la eliminación de deducciones por parte del sector bancario. En contraste, el Paquete Económico propone dos medidas que reducirán la recaudación por concepto de ISR y que no cuentan con mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas: 1) una amnistía fiscal para quienes tengan recursos en el extranjero por los que no hayan pagado impuestos antes en México, y 2) una exención generalizada para quienes que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial 2026.
Por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) –la contribución que busca desincentivar el consumo o producción de bienes y servicios que son considerados nocivos– representará el 7.4% de los ingresos totales. Por tanto, se prevé un incremento real del 3.1% respecto al 2025, resultado del reforzamiento de impuestos saludables, como medidas necesarias para fortalecer la salud pública.
El impuesto a las bebidas saborizadas pasaría de 1.64 a 3.0818 pesos por litro de bebida. Aunque positivo, este incremento aún no es suficiente, pues el IEPS debería significar, al menos, el 20% del precio de las bebidas saborizadas, por lo que la cuota volumétrica tendría que ascender a 7.00 pesos por litro de bebida. Por otro lado, llama la atención que dentro de la exposición de motivos se haga referencia al etiquetado de estos recursos, pero los documentos presupuestarios no incluyan alguna propuesta normativa para materializar dicho fondo.
A su vez, se propone un incremento al IEPS al tabaco: la tasa ad valorem a las cajetillas pasaría del 160% al 200%, y la cuota específica al cigarrillo –actualmente de 0.6445 pesos– incrementaría progresivamente hasta llegar en 2030 a 1.1584 pesos. Sin embargo, el incremento propuesto continuaría estando por debajo del 75% del precio final de la cajetilla recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Prioridades del gasto
La política de gasto para 2026 mantiene la garantía de los derechos sociales por medio de los programas sociales, e incrementa los recursos para la provisión de servicios públicos como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad. Al respecto, se propone un total de 987 mil millones de pesos para los programas sociales prioritarios (2.5% del PIB), en aras de seguir fortaleciendo los ingresos monetarios de los hogares, lo que ha contribuido a la reducción de los índices de pobreza y desigualdad por ingresos.
No obstante, al revisar la clasificación funcional del gasto, la forma en que se agrupan los recursos públicos según sus objetivos, se observa un presupuesto con avances sociales relevantes, pero también con contradicciones importantes. El Paquete Económico revierte el desfinanciamiento hacia los sectores de salud (+4.5%), educación (+2.3%) y vivienda (+2.1%), algunas de las principales carencias sociales de las que sufre la población mexicana, como documentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) y que impiden que la pobreza multidimensional se reduzca de manera tan acentuada como la pobreza por ingresos.
Pese a ello, el presupuesto en salud (2.5% del PIB) sigue sin alcanzar la recomendación internacional del 6% del PIB. Al interior de la función salud, el IMSS percibirá un aumento de 10.5%, pero quienes sufrirán recortes son instituciones como el ISSSTE (-4.8%) y Secretaría de Salud (-4.4%), será fundamental ampliar el presupuesto del IMSS BIENESTAR para reducir las brechas en el acceso a la salud. Además, este año, la nueva política en Salud Materna, Sexual y Reproductiva, tendrá un aumento de apenas sólo 0.3%, lo que pone en duda el alcance de sus objetivos. De igual forma, son preocupantes las reducciones en la subfunción de cultura (-13%), gasto destinado a la protección del medio ambiente (-7.3%), y en ciencia y tecnología (-1.6%), medida que envía un mensaje ambiguo frente a la necesidad de construir capacidades internas de investigación a largo plazo en el marco del Plan México.
Respecto al presupuesto directo para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, si bien el Plan Nacional de Desarrollo establece que debe haber una concordancia con el Paquete Económico, la realidad es que la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se ve limitada en la construcción de su presupuesto. Es importante que las asignaciones presupuestarias sean administradas directamente por ellos con mecanismos administrativos, de comprobación y de ejecución basados en el reconocimiento de sus sistemas normativos y posibilitando que sean ellos, como sujetos de derecho, quienes definan sus prioridades.
El Paquete Económico incluye por primera vez el Anexo Transversal para la Consolidación del Sistema de Cuidados, el cual presupuesta cerca de 466 mil millones de pesos. También propone una nueva metodología para la construcción de los anexos transversales ya existentes, como pueblos y comunidades indígenas, igualdad de género, cambio climático y transición energética, entre otros. Sin embargo, insistimos en que estos instrumentos aún deben fortalecerse para garantizar la máxima transparencia y rendición de cuentas. A su vez, destaca que, en esta ocasión, el presupuesto de los 100 compromisos de la administración de Claudia Sheinbaum no haya sido plenamente identificado, una buena práctica que tendría que recuperarse hacia el futuro.
En materia de anticorrupción, continúa una tendencia general en la disminución de recursos, pues cinco de las seis instituciones anticorrupción presentan disminuciones para 2026, lo que limita las expectativas sobre los resultados que podrían alcanzarse. Es particularmente preocupante que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asuma funciones para garantizar el derecho de acceso a la información sin los recursos suficientes para lograrlo, así como las reducciones al ya limitado presupuesto de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, institución clave para la investigación de estos actos.
Desafortunadamente, respecto a la seguridad pública, respuesta ante la crisis de desaparición y forense, y la atención a víctimas el panorama no parece cambiar respecto a años previos, pues consolidan una política de administración de los problemas antes que una apuesta decidida por su atención y solución. Los recortes en materia de seguridad se conjuntan con una política presupuestaria que no se dirige hacia el acceso a la justicia y la búsqueda e identificación de personas, al tener pocos y selectivos aumentos, además de recortes en materia forense. Lo que resulta en un presupuesto prácticamente idéntico a 2025 en medidas de ayuda, reparación y asistencia para las víctimas.
Si bien el Paquete Económico 2026 da pasos importantes hacia la garantía de derechos como vivienda y salud, aún existen rezagos y deja fuera de las prioridades otros derechos como acceso a la justicia, cultura y medio ambiente.
La justicia fiscal es la base de la sociedad incluyente, regenerativa y sostenible del país que queremos. Por ello, desde Fundar llamamos al Congreso de la Unión a corregir las contradicciones y centrar las discusiones en fortalecer nuestra política fiscal, escuchando las voces de colectivos de víctimas, pueblos y comunidades, para así avanzar decididamente en la construcción de un país más justo.
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